La Junta de Extremadura ha presentado al Ministerio de Agricultura su propuesta ante la problemática de la dehesa de cara a las próximas modificaciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y que se centra, entre otras cuestiones, en la modificación de la definición de pastos permanentes.

La propuesta de Extremadura incide también en la incorporación de medidas que hagan más flexible la aplicación regional de los derechos de pago básico y la compatibilidad de las medidas de desarrollo rural y los pagos directos en los sistemas agroforestales. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de reconocer como prácticas ambientales las acciones de conservación y mantenimiento que deben ejercerse en este ecosistema, según informa la Junta. La directora general de la PAC de la Junta, Yolanda García Seco, presentó la propuesta al presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), Miguel Ángel Riesgo y al director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Miranda.

El proyecto ha sido elaborado con la colaboración de la Universidad de Extremadura (UEX), el Centro de Investigación, Ciencia y Tecnología de Extremadura (CICYTEX) y otras entidades y asociaciones interesadas en la conservación de la dehesa.

La directora general ha señalado que la aplicación de las sucesivas reformas de la PAC «está poniendo en peligro la continuidad de este ecosistema que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, así como amenazada por otros problemas de índole sanitario y ambiental». Expuso que la dehesa es un ecosistema agrosilvopastoril de gran valor ecológico que debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria al objeto de preservar sus características medioambientales.

Unas características que, ha apuntado, integran de forma inseparable el mantenimiento de la actividad ganadera, con un aprovechamiento forestal y agrario, la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales públicos. Ha recordado que España viene siendo “sancionada” como consecuencia de las “deficiencias” detectadas en las misiones de la Comisión desde abril de 2009, efectuadas en el ámbito de las ayudas directas.