La Junta ha presentado alegaciones a las bases de la nueva subasta de energías renovables, de 3.000 megawatios, después de que el Gobierno haya anunciado la convocatoria «con el mismo procedimiento y las mismas reglas» que la anterior, en la que solo consiguieron asignación los proyectos de energía eólica «en detrimento» de la fotovoltaica y por ende, de los intereses de Extremadura.

La directora general de Industria, Energía y Minas, Olga García, explicó ayer que a pesar de que en la anterior convocatoria no se tuvo en cuenta ni una sola de las alegaciones que presentó Extremadura, la región volverá a reclamar mecanismos para evitar que los diferentes tipos de energía compitan entre sí y que la fotovoltaica, en la que la región «tiene mucho interés», no se vea perjudicada, informa Efe.

“Extremadura no se merece que impidan su desarrollo de esta manera. Es inaudito que una región con el potencial como la nuestra se encuentre un obstáculo tras otro que frene su progreso económico», dijo García durante su comparecencia en la Comisión de Industria y Energía en respuesta a una pregunta del PP sobre el tema. La directora general detalló que las alegaciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reflejan las discrepancias de la región con determinados criterios «claves» contrarios a sus intereses.

Así, la Junta insiste en que es necesario establecer la subasta en función de un precio por kilowatio/hora en lugar de por potencia instalada, pues este último, además de «no tener sentido, es un sistema sumamente complicado que resta transparencia». «España es el único país del mundo en el que esto es así», sentenció. De igual forma, la región manifiesta su disconformidad con la fórmula de desempate, que prima «sin ninguna justificación» a la eólica sobre la fotovoltaica.

Tampoco es lógico, a juicio de García, el mecanismo establecido para ordenar las ofertas, y «no se ha puesto en valor el hecho de que existan unas que aportan más energía cuando el sistema eléctrico más lo necesita, como es el caso de la fotovoltaica».

BIOMASA Y TERMOSOLAR / Igualmente, la Junta solicita abrir «cupos especiales» para fuentes renovables emergentes (biomasa y termosolar), ya que estas no han tenido la misma oportunidad de desarrollo tecnológico que la eólica y fotovoltaica «y en consecuencia no parten en igualdad de condiciones». Por último, el Ejecutivo incide en la «inseguridad» que genera que el precio sea revisable, por lo que demanda una estabilidad de precios a largo plazo para «crear un contexto regulador favorable para la financiación de proyectos resultantes de la subasta».

Además de las alegaciones, García recordó que todas estas reivindicaciones han sido trasladadas por el presidente, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Economía, José Luis Navarro, en sendas reuniones con el ministro y el secretario de Estado de Energía, respectivamente.

En respuesta, el diputado popular José Antonio Echávarri recordó a la directora general que cuando se hacen alegaciones y no se acepta ninguna hay «otro paso más», y en ese sentido mencionó los cinco recursos que interpuso el anterior Ejecutivo del PP ante el Tribunal Constitucional contra normas dictadas por un Gobierno central «del mismo color político» que afectaban al desarrollo de las renovables en la región.

Echávarri, que acusó de “sumisos” a Fernández Vara y el consejero Navarro, les pidió que vayan «con toda contundencia a los tribunales» ante decisiones que perjudican a la comunidad.