La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, propuso ayer los grupos parlamentarios negociar y consensuar una nueva ley del sector audiovisual que contemple, por ejemplo, el porcentaje de la programación que debe contratar la televisión pública regional con empresas extremeñas.

Gil Rosiña compareció en el pleno de la Asamblea a petición del PP para informar sobre la situación actual de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma). Según avanzó, esa modificación incluirá la obligatoriedad de elegir por concurrencia competitiva al director general de la cadena pública, como ya hizo el Ejecutivo de Fernández Vara con la designación de Carmen Santos Garaicoechea.

Gil Rosiña indicó que los 24 millones de presupuesto de la radio y televisión públicas de Extremadura y su plantilla de 207 trabajadores «no son una broma» y abogó por dar «mayor fortaleza y capacidad» a los órganos de control con una reforma de la ley. En los próximos 15 días, los grupos contarán con un primer borrador con comparativas respecto a otros canales autonómicos.

TELEVISIÓN DE TODOS / «Esta ya no es la televisión del gobierno, sino que es la televisión de todos los extremeños», dijo la portavoz del Ejecutivo, que además recordó que cuando el PSOE llegó al gobierno se encontró a la cadena pública en una situación «dramática», con una deuda de 8 millones de euros con sus proveedores. No obstante, señaló que tras ser Extremadura la única comunidad que incluyó en los pagos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al sector audiovisual, «la Cexma es hoy una empresa pública más viable».

Respecto a las contrataciones, aseguró que se hacen tal y como marca la ley y que si alguien tiene alguna prueba de lo contrario, las presente a la Junta o acuda a los tribunales. Frente a estas consideraciones, el diputado del PP Hipólito Pacheco consideró «intolerable» la deriva de la televisión pública y recordó que la Asociación de Productoras de Extremadura (Apeca) ha pedido la dimisión de Santos Garaicoechea, tras suprimir los dos programas de la tarde y contratar con una productora de Andalucía.

«No aceptaremos el modelo andaluz de televisión pública bajo ningún concepto ni tampoco la de Podemos», aseguró el popular. La diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, sí aceptó el reto para consensuar una nueva ley, aunque eso sí, tras indicar que «hay muchas cosas que no funcionan bien».

El portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, por su parte, insinuó que la productora andaluza ha sido contratada por su «amistad» con un sector del PSOE extremeño y lamentó que las condiciones laborales de esta empresa son peores de las que estaban antes.