La Junta quiere alquilar pisos en el mercado privado para ofrecerlos como viviendas sociales

--Aunque el borrador de los presupuestos está en el aire, Vivienda sufre un recorte de casi el 5%. ¿Está satisfecha?

--Nunca podría estar satisfecha con recortes en el presupuesto de vivienda, lo que ocurre es que con los mimbres que nos han dejado tenemos que hacer el cesto. Me gustaría que la vivienda contara con un mayor presupuesto y estoy completamente segura de que así será en los próximos ejercicios.

--Han anunciado la recuperación del Plan 60.000. ¿Qué objetivos se persiguen y cómo se va a poner en marcha?

--Reactivar al sector, para lo que estamos sentando las bases. Con el Plan 60.000, conforme a los suelos que tiene disponible la Administración, podríamos estar hablando de la construcción de unas mil viviendas. Además, recuperaremos también la ayuda a la entrada de las VPO porque hay demanda. En la pasada legislatura se eliminó, pero entendemos que es una tabla de salvación para el sector.

--¿Qué otras medidas se plantean desde la Junta?

--En cuanto a nuevas promociones pues sobre todo eso, recuperar la ayuda para la VPO y el Plan 60.000. Y en cuanto a rehabilitación, la recuperación vendrá dada por la disponibilidad presupuestaria. Ahora estamos sentando las bases y eliminando trabas burocráticas. En la última legislatura del PSOE, como cantidad máxima subvencionable para obras de rehabilitación podríamos estar hablando de ayudas de 9.000, 10.000 e incluso 16.000 euros para obras de adaptabilidad. Con el PP eran 4.000. Con el modelo de gestión que teníamos nosotros, las subvenciones se gestionaban de forma gratuita. Con el PP apareció la figura del agente rehabilitador, que venía cobrando entre 1.000 y 1.500 euros. Estas medidas lo que ha provocado es una desmotivación a la hora de solicitar la subvención y lo que se ha fomentado, desde mi punto de vista, es la economía sumergida. Frente a eso, vamos a intentar eliminar trabas burocráticas y establecer incentivos. La cantidad máxima subvencionable subirá a 8.000 euros.

--¿Cree que el sector de la construcción va a remontar?

--A lo largo de la legislatura sí. Estamos sentando las bases.

--Prevén la puesta en marcha de un programa de intermediación bancaria contra los desahucios. ¿Cómo va a funcionar?

--En el tema de la intermediación bancaria había distintas iniciativas, pero son iniciativas aisladas y no está cubierto todo el territorio. Se pretende prestar el servicio desde la Junta de Extremadura, que consiste en apoyar a las familias para que no estén solas a la hora de renegociar la deuda hipotecaria y también evitar el riesgo de desahucio. Abriremos una serie de oficinas por toda la región donde podrán acudir no solo las personas en riesgo de desahucio, sino cualquiera que tenga dificultades para pagar su hipoteca. En estas oficinas habrá un abogado y un trabajador social que asesorarán y ayudarán a las familias. Y los recursos se cubrirán mediante un convenio de becas con la Universidad de Extremadura y los colegios profesionales. Esto es un programa que nosotros pedimos a Monago en la pasada legislatura, mucho antes incluso de que apareciera Podemos. Durante el gobierno de Patxi López en País Vasco se puso en marcha un programa que demostró haber funcionado y se lo pedimos la Junta. Se aprobó por mayoría porque IU votó a favor de la propuesta pero no lo pusieron en marcha.

--La negociación con los bancos para frenar los desahucios fue una de las bazas de la campaña electoral. ¿Cómo va ese tema?

--Va bien. El presidente se comprometió a elaborar un protocolo de actuación y firmar un convenio con todas las entidades bancarias y se va a hacer. Pero antes estamos teniendo reuniones individuales con los responsables de las entidades y la verdad es que están respondiendo bien. Les estamos pidiendo que nos faciliten un inventario de las viviendas vacías que tienen a ver si es posible que las pongan a disposición de la Junta para que nosotros podamos a llegar a tener alquileres sociales. Es decir, un parque de viviendas sociales que ya no sea de titularidad pública, pero que podamos aprovechar para las personas que más dificultades tienen.

--En la ley de Emergencia Social de la Vivienda se multa a los bancos con casas vacías.

--Esa fue una ley que también planteamos en la legislatura pasada que no llegó ni a debatirse porque el Gobierno del PP la vetó, aunque no tenían justificación económica para ello y lo plantearon por una cuestión puramente ideológica. Decían que estábamos poniendo a las personas jurídicas por encima de las personas físicas porque no se incluían multas para los particulares con casas cerradas, pero es que para nosotros no pueden ser igual las personas que los bancos. Si quieres el retorno de los emigrantes no puedes penalizar las viviendas vacías en los municipios rurales. Extremadura es esencialmente rural y también vive del retorno de esos emigrantes aunque solo sea durante las fiestas del pueblo en verano. No podemos tratar de la misma manera a las personas que a las entidades financieras que tienen en muchos casos las viviendas vacías porque están esperando a que los precios suban, y eso se llama especular. La vivienda está para ocuparse y por eso lo primero que hacemos es definir la función social de la vivienda, es decir, que se debe destinar al uso para el que ha sido edificada, que es el uso habitacional.

--¿Se han marcado algún objetivo en cuanto a la paralización de los desahucios?

--El objetivo es desahucio cero para los que no puedan pagar.

--¿Hay gente a la que se desahucia aunque sí pueda pagar?

--No estoy hablando solo de las viviendas propiedad de terceros, estoy hablando también de los desahucios de las propias viviendas que son de titularidad pública, las viviendas sociales. Tiene que entenderse que para tener viviendas disponibles no puede haber viviendas que estén siendo utilizadas como perreras, por no decir otras cosas, y para eso hay que ir a un procedimiento de desahucio. Desahucios cero en Extremadura como muchos creen no, solo para los que no puedan pagar.

--Colectivos como el Campamento Dignidad dicen que siguen enviándose cartas de desahucio a los inquilinos de viviendas sociales y hablan de 750 expedientes abiertos.

--Vamos a retomar cada uno de esos expedientes y vamos a distinguir perfectamente a las familias que no pueden pagar. Y recuerdo que los que no pueden pagar pueden acogerse a un procedimiento que les habilita a no pagar, que es la minoración del 100% de la renta durante dos años prorrogables a otros dos. Pero es que esa no es la situación de los 750 expedientes. Es que hay muchas viviendas que no se están utilizando para el domicilio habitual y los extremeños no pueden permitirse eso. Esas viviendas las vamos a recuperar. Por supuesto que vamos a retomar los expedientes de desahucio, y los vamos a analizar uno a uno. El error del Ejecutivo anterior fue no dar participación ni conocimiento a los grupos parlamentarios de cada uno de los desahucios. Yo le voy a dar participación a todos los grupos parlamentarios, van a tener conocimiento de cada uno de los desahucios que se abran, y también las plataformas de afectados que verdaderamente están comprometidas con ayudar a las familias. Y reitero: no se va a desahuciar a nadie que no pueda pagar.

--¿Cómo es posible que una vivienda propiedad de la Junta acabe utilizándose como segunda residencia o perrera?

--Pues porque no hay un Observatorio de la Vivienda, que nosotros queremos poner en marcha a lo largo de esta legislatura. Tenemos un parque de viviendas sociales tan extenso que necesita de vigilancia para que se haga un uso adecuado. No se sabe cuántas viviendas hay vacías, cuántas hay en situación de infravivienda o cuántas ocupadas ilegalmente. Hay una trabajadora social en Plasencia, una en Cáceres, dos en Badajoz y tres o cuatro en Mérida. ¿Con ese personal es suficiente para controlar el parque? Imposible. Tenemos que tener agentes de la vivienda, que son los que queremos crear con el Observatorio de la Vivienda. Además, ese Observatorio es fundamental para llevar a cabo una política de vivienda efectiva, porque hoy en día no conocemos el parque de viviendas privado que hay en Extremadura, cuántas hay en alquiler, cuántas en situación de infravivienda, cuántas en situación de hacinamiento... Yo quiero intervenir en el mercado privado del alquiler para conseguir que sean accesibles teniendo en cuenta la renta de las familias y tenemos que saber cuántas hay vacías porque no se atreven a los arrendadores a alquilarlas.

--¿Por qué si ese Observatorio es tan necesario no se ha creado mucho antes?

--En una época de expansión económica, de lo que se trataba era de hacer vivienda para cubrir las necesidades de las familias con más dificultades de acceso. En época de crisis hay un efecto llamada hacia esta tipología de viviendas y los perfiles de las familias son distintos. Ya no tienes tantas viviendas como para dar cobertura a las necesidades y tienes que esperar a recuperar las viviendas. ¿Y cómo las recuperas? Pues con desahucios, siempre y cuando su uso no se adecúe a la función social.

--Han hablado con la Sareb para destinar sus viviendas a alquiler social. ¿Cómo van las negociaciones y qué vías de colaboración se van a establecer?

--Estamos esperando a que nos faciliten el número de las viviendas que tienen disponible en la región. No tenemos una cifra ni estimación al respecto.