El presupuesto de la comunidad autónoma extremeña para el próximo año se reduce en casi 430 millones de euros, respecto al actual, y se sitúa en 5.190.648.871 euros, lo que supone un descenso del 7,7%, según ha explicado esta mañana el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, que ha registrado las cuentas en la Asamblea de Extremadura, después de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.

El presupuesto está marcado por la austeridad, la estabilidad, la protección social y la corresponsabilidad y desarrollan los cambios estructurales marcados en el Pacto Social y Político, comentó Franco. Cabe destacar los recortes de gastos en las consejerías de Jóvenes y Deporte (-19,7%), Fomento (-19,7%), Cultura y Turismo (-18,2%) y la Vicepresidencia Primera y Portavocía (-16%), aunque el consejero reiteró que en materia de infraestructuras "no se va a dejar de hacer ninguna obra prevista, pero sí han ralentizado todos los plazos".

Una de las novedades más importantes es que la Junta va a poner a la venta sus viviendas sociales, un total de 15.000, de las que el próximo año piensa sacar al mercado 3.000, por las que prevé recaudar 98 millones de euros, y es que "tenemos que vender todos los activos no fundamentales para realizar toda la caja que podamos para obtener financiación en asuntos prioritarios", indicó el consejero, ante los problemas económicos provocados por la crisis.

En ese sentido, a las subidas ya anunciadas del IRPF para las rentas superiores a los 60.000 euros (afecta a 6.400 extremeños), otra novedad notable es que el llamado impuesto ecológico también se va a extender a las empresas que producen o transforman energía de origen hidroeléctrico, para las que el tipo impositivo será el mismo que el que se aplica a la energía termonuclear; es decir, se pasa de 0,0010 euros por megavatio a 0,037, pero solo será para aquellas con una potencia instalada superior a 10 megavatios, lo que no afecta a ninguna extremeña. Además, habrá una reducción de hasta 175.000 euros en sucesiones a favor del cónyuge, ascendentes o descendientes en caso de muerte, siempre que el patrimonio heredado no supere los 600.000 euros y que los ingresos de los beneficiarios no pasen de 300.000 euros. Otra cuestión fiscal destacada es que el llamado céntimo sanitarios, el que se logra de incrementar el coste de los hidrocarburos, queda establecido en 2,4 céntimos por litro de gasolina; 2 céntimos por litros de gasóleo de uso general; 1 euro por tonelada de fuelóleo; y 2,4 céntimos por litros de queroseno de uso general. Los profesionales del transporte quedan exento de esta tramo autonómico.

Por otro lado, el consejero avanzó que la deuda de Extremadura alcanzará el 1,3% del PIB, en torno a los 230 millones de euros, con lo que al final del próximo año podría superar los 1.700 millones. Este año, la previsión es acabar con una deuda de 1.500 millones. En todo caso, Franco reiteró que Extremadura tiene mucho margen aún de capacidad de endeudamiento, y que la Junta "cree en el déficit como un instrumento para actuar en el mercado, que es necesario, adecuado y oportuno".