Las competencias en materia de Justicia, las únicas que el Gobierno central aún no ha transferido a la Junta, parecen estar más cerca después de años de idas y venidas sobre esta cuestión. Ayer, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó un decreto del presidente del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, por el que se asignan a la Consejería de Administración Pública y Hacienda las competencias en materia de Administración de Justicia. En este sentido, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, anunció ayer mismo que la próxima semana pedirá al ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, que comiencen las conversaciones y los grupos de trabajo para hacer efectivo este cambio de competencias (la justicia extremeña tiene un coste anual de 32 millones de euros y en esta cartera trabajan casi 2.000 personas).

A su juicio, ese decreto es una "manifestación decidida y expresa de asumir las competencias de Justicia" por parte del Gobierno extremeño. Ya en diciembre del 2002 se constituyó la ponencia técnica con ese fin y se anunciaba la constitución de los grupos de trabajo, pero desde entonces no se había concretado nada.

En este sentido, Franco señaló que existen trabajos previos sobre el traspaso de estas competencias hechos en legislaturas anteriores, que ahora hay que actualizar con más información.

En virtud de este decreto, la Consejería de Administración Pública y Hacienda asume, además de las funciones que ya se venía ejerciendo de acuerdo con el ordenamiento jurídico, la tarea de "impulsar y desarrollar el proceso de negociación" para el traspaso de las competencias y los servicios de la Administración de Justicia a la comunidad autónoma extremeña.

Las competencias de Justicia aparecen recogidas en el artículo 44.1. a) del Estatuto de Autonomía de Extremadura, donde se establece que corresponde a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales del Estado, ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno.

Con este traspaso y tras veinticinco años de autogobierno, se culminará el proceso de transferencias de las competencias asumidas mediante el Estatuto de Autonomía de Extremadura.