Que Internet sea una vía eficaz con la que poder realizar trámites administrativos. Que este canal permita que la gestión sea más rápida y cómoda. Al fin y al cabo, que suponga una mejora para los ciudadanos a la hora de relacionarse con la burocracia. Es lo que marca la ley (concretamente la 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común) y las comunidades autónomas han de adaptarse a la normativa. Bajo esta premisa, la Junta de Extremadura ha lanzado un nuevo decreto que esta vez se centra en la agilización de la venta de las viviendas protegidas del llamado Plan 60.000. Ya ha pasado más de una década desde que se adquirieron las primeras casas, de manera que sus propietarios pueden comercializarlas.
Pero para ello necesitan una serie de certificados que se obtienen en la Administración regional; el fin de este decreto es gestionar la tramitación telemática para que el proceso sea más dinámico.
Por ejemplo, el interesado debe solicitar la información de cuál es el precio máximo de venta o arrendamiento de su vivienda protegida antes de llevar a cabo la operación (en la normativa estatal hay un tarifa tope que no se puede sobrepasar). O si se quiere vender el piso antes de que haya finalizado su régimen de protección, es necesaria la autorización de la Junta (se permite por causas especiales como la imposibilidad de hacer frente a la hipoteca o el cambio de ciudad por motivos laborales). De hecho, desde 2010 se han concedido 346 permisos de compra-venta anticipada (296 en la provincia de Badajoz y 50 en la de Cáceres), aunque también ha habido negaciones.
unas 4.500 FAMILIAS / Habría que recordar que unas 4.500 familias pudieron ser dueñas de unos de estos hogares de 60.000 euros repartidos por diversos municipios de la región.
Eso sí, la mayoría en barrios ubicados a las afueras (el más destacado, el Cerro Gordo de Badajoz, formado por 42 bloques de pisos y 400 unifamiliares proyectadas).
