Junta, sindicatos y patronal mostraron ayer su rechazo a los nuevos planes de formación para desempleados y trabajadores ocupados, cuya convocatoria fue diseñada por el anterior Ejecutivo sin la participación de los agentes sociales. "Nos hemos encontrado un decreto totalmente cerrado, presupuestado y planificado", aseguró la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, que criticó que los fondos se hayan reducido en casi 10 millones de euros al pasar de los 17 que se destinaron en el 2014 a los 7,6 actuales. Morán ofreció una rueda de prensa junto al secretario general de Empleo, Javier Luna, y representantes de UGT, CCOO y la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), comparecencia en la que todos quisieron poner de manifiesto la "normalización" del diálogo y la concertación social.

La consejera explicó que el Gobierno regional no ha tenido margen de maniobra suficiente para derogar el decreto aprobado por el PP y elaborar uno nuevo, y tampoco ha querido hacer modificaciones porque existía "un gran riesgo" de no cumplir con los plazos administrativos establecidos, ya que todos los cursos tienen que estar adjudicados antes de diciembre. "No estamos de acuerdo pero hemos sido responsables y hemos decidido afrontar estas condiciones ante la posibilidad de que los planes se perdieran. Asumimos la convocatoria y esperamos la colaboración de todos los sectores para alcanzar la máxima eficiencia", indicó Gutiérrez. La titular de Educación y Empleo explicó que las acciones formativas dirigidas a trabajadores ocupados contarán con un millón de euros, frente a los cuatro del año anterior; 6,4 se destinarán a los cursos para desempleados, frente a los 14 de la última convocatoria, y para las acciones formativas con compromiso de contratación el presupuesto es de 250.000 euros, frente a los 300.000 del año anterior. En su conjunto, las acciones incluidas en estos tres planes beneficiarán a unas 5.000 personas.

Además del recorte presupuestario y la falta de consenso, la Junta también rechaza la convocatoria por "carecer de una visión global basada en una planificación a medio y largo plazo" y porque por primera vez, debido al decreto nacional que regula el funcionamiento de estos planes, las acciones formativas solo podrán ser impartidas por centros y entidades homologadas, excluyendo así a los agentes sociales y otras instituciones como las mancomunidades. Por todo ello, la consejera avanzó la puesta en marcha de una nueva estrategia de empleo con horizonte al año 2019 y "las puertas abiertas al diálogo".

Desde UGT, la secretaria de Formación y Cultura, Ana Santos, reiteró que el sindicato manifestó hasta en dos ocasiones su desacuerdo con estos planes "que deben obedecer al diálogo social", motivo por el que habían pedido la apertura de una mesa de negociación. Por su parte, el secretario de Formación y Empleo de CCOO, Miguel Coque, criticó que los contenidos de los planes formativos hayan sido elaborados "por funcionarios" y abogó por establecer un diálogo sostenido para la concertación social ya que según recordó, Extremadura cuenta en estos momentos con 150.000 desempleados. Por último, el secretario adjunto de la Creex, Alvaro Sancho, incidió en que durante los últimos años "se ha echado muy en falta el diálogo social", por lo que mostró su disposición a negociar.