La directora general de Hacienda, Antonia Cerrato, informa que la Junta ya ha devuelto 142,8 millones de los 234,8 a las compañías eléctricas tras declarar en 2006 el Tribunal Constitucional como inconstitucional el Impuesto sobre Producción y Transporte de Energías que incidan en el Medio Ambiente.
Según recoge la agencia Efe, Cerrato aclara en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que la devolución afecta a 11 empresas y el importe devuelto asciende ya a casi el 60 por ciento, mientras que lo aún pendiente se abonará mediante diversos procedimientos hasta 2012, y todo esto no supone ningún perjuicio a las arcas de la comunidad autónoma.
La directora general explica que el tributo se gestionó entre los años 1998 y 2005, que la sentencia del TC del 13 de junio de 2006 declaró "inconstitucional y nula" la Ley regional 7/97 del 27 mayo por el que se establecía el impuesto, y que la Junta "ha acatado y ejecutado, aún no compartiendo, la sentencia".
Sobre la decisión judicial resalta que fue "controvertida" porque, entre otras cuestiones, prácticamente la mitad de los magistrados emitieron votos particulares. Además, subraya que la Administración autonómica "ha arbitrado un sistema de pago que no ocasiona ningún quebranto a la Hacienda regional", un método fundamentado en la financiación con remanentes de Tesorería.
Por su parte, la diputada del PP Cristina Teniente recalca que, en su día, los populares advirtieron que la Ley regional de 1997 por la que se establecía el denominado impuesto ecológico a las eléctricas "tenía visos de inconstitucionalidad" y que se resienten las arcas regionales.
La parlamentaria popular critica, que la Junta ha tratado de evitar dar información sobre esta cuestión a pesar de los intentos de lograrla por parte del PP y que en todos estos años se ha "empecinado" en aplicar un impuesto "inconstitucional", todo mediante un procedimiento de establecimiento "arbitrario" que también evidencia su "incompetencia". Tras todo este proceso, insiste Teniente, el PP espera que la Junta "aprenda de sus errores".
A su vez, el diputado del PSOE Jorge Amado ha destacado que las devoluciones "no cuestan un duro a los extremeños".
El 13 de junio de 2006 el Tribunal Constitucional falló en contra, al estimar una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la empresa Endesa, de la primera normativa que el Gobierno extremeño formuló al respecto, en 1997, y que posteriormente fue modificado en el año 2005.
Cinco de los diez magistrados que dirimieron la cuestión votaron a favor de la inconstitucionalidad por entender que se daba una doble imposición IBI-impuesto ecológico a las eléctricas.
Ante esa ley extremeña, el Gobierno de José María Aznar presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue retirado posteriormente por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, tras pactar con la Junta de Extremadura la posterior reforma de 2005, que entró en vigor en enero de 2006.
El recurso de la Administración central fue retirado a cambio de que se introdujeran una serie de modificaciones en la ley para que ésta tuviera todos los visos de constitucional, lo que se acometió a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2005.
