Dos funcionarios del cuerpo de tramitación procesal se han sumado ayer como refuerzo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Mérida, responsable de atender los casos relacionados con cláusulas suelo, vencimientos anticipados, intereses moratorios y gastos de formalización de hipoteca. Estos funcionarios reforzarán el trabajo que ya realizaba tanto un juez como un letrado de la Administración de Justicia -con prolongación de jornada- en este tipo de procedimientos.
Este Juzgado ha recibido hasta el 17 de julio un total de 580 demandas. Estas medidas, según las citadas fuentes, son «flexibles y, de ser necesario por la carga de trabajo, se nombrarían nuevos refuerzos». De hecho, según se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en el juzgado especializado, el Consejo General del Poder Judicial «hará una valoración ajustada de las necesidades, de manera gradual y flexible, que será comunicada al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencia en esta materia». Esto permitirá «acomodar los medios personales y materiales de cuya dotación son responsables estas Administraciones a las necesidades» que surjan en el desarrollo del plan de urgencia, con la necesaria flexibilidad, han apuntado.
Fuentes ministeriales han subrayado que esta es «una solución extraordinaria adoptada para una situación excepcional».
