La causa abierta contra los once menores implicados presuntamente en la muerte de una burra, el pasado 31 de octubre en Torreorgaz, continuará su trámite normal sin ningún tipo de medida cautelar para los quintos del pueblo. Así lo ha decidido el Juzgado de Menores de Cáceres después de valorar la solicitud de las fiscales delegadas de la jurisdicción del menor de Cáceres, Yolanda Forte y Ruth Crehuet, que el pasado lunes, tras tomar declaración a los implicados, pidieron libertad vigilada durante tres meses y la realización de trabajos sociales con animales como medida cautelar para los implicados.

La jueza de menores de Cáceres, Julia Domínguez, desestimó el lunes, y no ayer como estaba previsto, la medida propuesta por la Fiscalía provincial después de la comparecencia de todas las partes y una vez escuchado el informe del equipo técnico.

La tipificación en el Código Penal de los supuestos delitos cometidos por los jóvenes --maltrato animal y robo-- como de "menos graves" y la ausencia de riesgo de fuga y de eludir y obstruir la justicia son algunos de los argumentos citados por la jueza para denegar la petición de la Fiscalía. El auto señala que "todos están enraizados en su pueblo natal y son menores sin independencia económica alguna y dependiente de sus padres", lo que permite descartar o hace difícil ese riesgo, recoge el auto.

Además, concluye que los jóvenes tampoco concurren circunstancias de conflictividad personal o social especial, ya que este sería el único expediente de reforma que a ellos se les ha incoado, como señala el equipo técnico en su informe, que también tiene en cuenta en esta afirmación la comparecencia del lunes, en la que los menores reprochan su acción, igual que sus padres, "llegando a imponerles castigos", señala el auto.

Con estos argumentos, y "pese a la repulsa sincera y general que esta posible acción delictiva causa en cualquier persona que la conoce", el Juzgado de Menores concluye que "no procede" la adopción de la medida cautelar propuesta por el Ministerio Fiscal ni cualquier otra, tal y como apunta el equipo técnico.

Ante esta decisión, el juzgado se ampara en que una medida cautelar "solo procede cuando sea estrictamente necesaria y pudiera resultar eficaz". Por su parte, las fiscales de menores tienen ahora tres días para poder recurrir esta resolución ante la Audiencia Provincial. Una decisión que este diario ayer no pudo contrastar.