El sistema de la dependencia es quizás el más cuestionado de cuantas leyes se han creado en los últimos años. Impuesto por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la vuelta de tuerca política generó incertidumbre sobre la permanencia de un sistema ideado para prestar servicios y ayudas a quienes más lo necesitan. De hecho, el presidente extremeño, José Antonio Monago, cuestionó el propio sistema nada más pisar la Junta. Casi dos años después y tras duros ajustes que han mantenido parado el acceso de nuevos beneficiarios a las prestaciones entre los que se encuentra una rebaja de la contribución estatal, Extremadura, al menos a día de hoy, puede presumir de ser una de las cuatro comunidades españolas que sigue sumando beneficiarios.
Prueba de ello es que otros 168 extremeños comenzaron el pasado febrero a recibir ayudas. En el último año son 769 los beneficiarios que se han sumando a la ley que, en estos momentos, atiende a 19.562 personas en la región. Esto quiere decir que la tasa de reposición se está cubriendo, como ocurre solo en Asturias, País Vasco y Cataluña mientras que en el conjunto de España se han perdido 5.000 dependientes. El sistema en la región, por tanto, sigue creciendo aunque no al ritmo esperado, ya que todavía hay más de 7.000 personas en el denominado 'limbo' de la dependencia, es decir, con el derecho reconocido a recibir una prestación pero sin ella. Pese a este dato negativo, hay que destacar que hace un año eran 8.600.
EXPEDIENTES EN ESPERA La Consejería de Salud asegura que no existe una lista de espera como tal y que estas personas están pendientes de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), un trámite que constituye el último paso para determinar el servicio o ayuda correspondiente. "No hay nadie que tenga resuelto su expediente y no esté recibiendo la prestación económica o servicio que le corresponde", precisan desde el Gobierno regional.
Esta tendencia se mantiene gracias al "sobreesfuerzo presupuestario" de la región, que este año ha aumentado en 20 millones los fondos para la ley de dependencia tras un recorte directo del 24% del dinero que el Estado aporta a cada comunidad en función del número de dependientes atendidos, lo que supone que la Junta deja de recibir 13 millones.
A esto se añade lo que pierde el propio sistema con el último decreto aprobado por Mariano Rajoy el pasado julio. "La reducción del 15% de las prestaciones que cobran las familias extremeñas que cuidan a sus dependientes supone un recorte de 5 millones más otros 5,7 millones por la supresión de la retroactividad en el cobro de las ayudas. La suma total supone que cada dependiente extremeño deja de percibir 58 euros de media", explica el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
UNO DE CADA 4 EUROS En los últimos cuatro años el Gobierno central ha pasado de costear cerca del 40% del sistema al 20% actual --aporta uno de cada cuatro euros--, pasando la pelota a las administraciones regionales, que tienen que seguir manteniendo los servicios, y a los propios usuarios. De ahí el bloqueo del sistema actual, que en la mayoría del país está estancado. Para paliar esta situación y seguir sumando dependientes, el Servicio Extremeño de la Autonomía y la Atención a la Dependencia (Sepad) ha aumentado su presupuesto un 8,8% hasta sumar 276,78 millones de euros en el 2013, una cifra similar a la que se alcanzó el año pasado tras algunas modificaciones presupuestarias.
Ramírez, cuya asociación evalúa semestralmente la aplicación de la ley, elogia la situación de la región. "Extremadura ha incluido nuevos dependientes y eso es un logro. En estos momentos de quebranto del Gobierno central solo mantener el sistema es meritorio para cualquier comunidad", señala. Eso no quiere decir que no existan problemas que rebajan la puntuación de la comunidad hasta un cinco raspado.
"Este Gobierno está manteniendo los mismos vicios que el anterior y los problemas son iguales: el limbo --la diferencia entre beneficiarios con derecho y atendidos-- es cinco puntos superior a la media del país, condenando a mucha gente a morir sin ayudas; y el abuso de las prestaciones económicas vinculadas a servicios o a familiares, que han creado en Extremadura un sistema low cost", indica Ramírez.
Conscientes solo del último problema, el Gobierno regional, en sintonía con el Ejecutivo central, está apostando por una profesionalización de la atención a la dependencia, "lo que garantizará no solo una calidad en la atención a los dependientes, sino también en la creación de empleo", destaca la Consejería de Salud.
Para ello está trabajando en fortalecer las prestaciones vinculadas a los servicios profesionales y residenciales, frente a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno, que reciben la mitad de los dependientes extremeños. De ello incluso dependerá la ayuda estatal, ya que se valorará esta apuesta por la profesionalización que ha sido criticada por los propios familiares.
Además de impulsar la profesionalización, el sistema ha tenido que afrontar en los últimos meses otros cambios estructurales. El pasado enero, la directora del Sepad, Cristina Herrera, hacía público el nuevo catálogo de servicios que amplía el espectro de ciudadanos que pueden acceder a las ayudas y servicios y establece un seguimiento sobre los dependientes atendidos en casa por sus familiares. Desde el pasado diciembre, la prestación económica de asistencia personal que antes solo recibían los dependientes de Grado III se extiende a los de Grado II y I, que se incorporaron el año pasado al sistema.
Pero no serán los únicos cambios. El Gobierno central está preparando un nuevo decreto que modifica la ley creada en el 2007 por cuarta vez y que supone una nueva vuelta de tuerca al sistema. "La estrategia del Gobierno de Rajoy es convertir el sistema en un subproducto financiero", cuenta José Manuel Ramírez.
El nuevo decreto, en las manos de esta asociación estatal, hará incompatibles recibir varios servicios, reducirá la intensidad horaria de la ayuda a domicilio, instaurará el copago ligado al patrimonio de los usuarios e impondrá los seguros privados de dependencia. "No quieren privatizar los servicios, sino los derechos", lamenta Ramírez, defensor del sistema público de dependencia por una cuestión de justicia social.
