Como discapacitada y, al mismo tiempo, directiva y responsable desde hace ya muchos años de un centro de discapacitados de Cáceres, Lola García Miguet sabe bien lo que es luchar por la integración de las personas con discapacidad, no ya solo laboral, sino en todos los sentidos.

Sobre la ley que obliga a las empresas a reservar el 2% de sus plantillas para personas con discapacidad, valora "muy positiva e idónea"1 su filosofía, pero no así su operatividad. "No son muchas las empresas que cumplen la ley, y las que la cumplen lo hacen solo por obligación, por lo que después la mayoría tiene a los contratados en unas condiciones que no son las más deseadas". Además, añade, "la realidad demuestra que a los que se contrata, en la mayoría de los casos para cumplir la ley, son personas con un grado mínimo de minusvalía, que casi no se les nota".

Lola García apoya la filosofía de esta ley, pero critica sus resultados, que son debidos, opina, a la falta de control por parte de las Administraciones. "Yo creo que para sus resultados fueran los esperados y se beneficiara al colectivo al que pretende favorecer esta ley, los empresarios deberían sensibilizarse e implicarse más, y las instituciones ejercer una mayor vigilancia de su correcto cumplimiento", no ya solo por parte de las empresas privadas, añade, sino también de las públicas, "pues también en estas se está incumpliendo".