El Consejo de Gobierno aprobó ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que suprime las primas a las energías renovables y presentará el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) antes del 28 de octubre, fecha en la que finaliza el plazo para poder hacerlo. Así lo anunció el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, tras finalizar el Consejo de Gobierno. La medida se ampara en el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, al que la Junta acudió en marzo para solicitar un informe para ver si era factible o no presentar este recurso; y que ha resuelto que en vez de tramitarse como decreto ley es oportuno hacerlo como proyecto de ley, dado que "no es un procedimiento urgente ya que los casi 25.000 millones de déficit tarifario que se pretende atajar viene desde el 2004", además de que se "vulnera el principio de confianza legítima, íntimamente asociado al de seguridad jurídica", al haber presentado ya varios promotores sus proyectos con sus correspondientes inversiones. Sin embargo, el Consejo Consultivo, considera que el real decreto "no vulnera" el principio de igualdad, otra cuestión consultada por la Junta, que consideraba que "el déficit tarifario recaía en los productores y promotores de energía renovable y no en los de fuentes de energías fósiles como podía haberlo hecho también".
Lo cierto es que tras este dictamen, el Ejecutivo extremeño presentará ese recurso de inconstitucionalidad, porque "defendemos los intereses de Extremadura y nunca nos ponemos de perfil, vamos de frente", indicó Echávarri, que recuerda que nada más aprobarse ese real decreto el 27 de enero pasado, el 2 de febrero él mismo y el presidente extremeño se entrevistaron con el ministro del ramo, José Manuel Soria, para transmitirle "los perjuicios" que esa norma causa a la comunidad extremeña. Además, la propia Asamblea de Extremadura acordó instar al Gobierno regional a tomar esta iniciativa.
Según el consejero, con esta decisión se pone de manifiesto que "hay mucha diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora", en alusión a la gestión del anterior Gobierno regional del PSOE. "Antes se anunciaba y ahora se ejecuta", destacó, recordando que los "dos únicos" recursos sobre la "tan traída y llevada" primas a renovables los ha interpuesto el actual Ejecutivo regional; en concreto, "el de la fotovoltaica, que fue más sangrante porque a mitad de partido se cambiaron las reglas, y también éste que suprime sine die las primas a las renovables".
Asimismo, recalcó que con la formulación del recurso el Ejecutivo extremeño cumple con el acuerdo alcanzado en el Parlamento regional para que el Gobierno autonómico ejecutase la citada medida. "Nosotros no nos ponemos nunca de perfil, vamos de frente, cumplimos lo que se dice y considerando que se han podido vulnerar principios consagrados en la Constitución hemos puesto, también por mandato de la Asamblea de Extremadura, por los grupos parlamentarios, a los cuales sus decisiones y sus acuerdos que se adoptan hay que respetarlos como no cabía de otra manera, se ha acordado en Consejo de Gobierno poner este recurso de inconstitucionalidad", argumentó.
Según el consejero, la Junta entiende que es "absolutamente necesario atajar el déficit tarifario de casi 25.000 millones de euros", pero también que "en Extremadura se ha podido hacer alguna excepción en algunas energías", tal y como trasladó Monago a Soria en la citada reunión.
QUE SUPONE EL DECRETO Hay que recordar que, según los datos aportados el 9 de febrero pasado por el propio Echávarri en el Parlamento extremeño, la paralización del sector de las energías renovables supondría que en el horizonte 2015 se dejarían de instalar en la región más de 81 megavatios de energía solar fotovoltaica; 200 megavatios de solar termoeléctrica; 550 megavatios de energía eólica; y 75 megavatios de biomasa, cogeneración y biogás. Esto se traduce en una inversión a sólo tres años vista de aproximadamente 5.000 millones de euros, más de 12.000 empleos en la fase de construcción de las centrales y más de 1.700 puestos de trabajo durante su vida útil.
La paralización de estas ayudas llevó al alcalde de Alburquerque a estar durante 90 días en huelga de hambre en defensa de los proyectos en su zona y en toda la región.
