¿Subirá la factura de la luz para las 80.000 familias que se benefician del bono social? El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, mandó ayer un mensaje de «tranquilidad» a los extremeños a los que se les aplica la tarifa eléctrica subvencionada después de que una sentencia del Supremo haya anulado su régimen de financiación, pero lo cierto es que las asociaciones de consumidores ya han puesto el foco sobre el asunto. El Alto Tribunal entiende que el coste de la medida, consistente en un descuento directo del 25% en el recibo de la luz, se carga de forma discriminatoria a las compañías y señala además que el Estado no ha justificado los criterios que utiliza para ello.
Según Navarro, esta sentencia «no afecta» a los actuales beneficiarios porque el bono social no va a dejar de existir. «Quienes lo perciben no deben tener ni la más mínima preocupación», indicó el consejero, que señaló que la problemática que ahora se abre ha de resolverse entre el Ministerio de Industria y las compañías que llevaron la cuestión a los tribunales, que son EON y Endesa.
El bono social supone un coste de unos 200 millones de euros anuales en España y aproximadamente 1,2 en Extremadura. Estas cantidades son sufragadas por las compañías eléctricas, que siempre han reclamado que esa subvención debe asumirla el Estado. Ahora, además de anular el régimen de financiación del bono social, el fallo del Supremo reconoce el derecho de las eléctricas demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas a partir del año 2014, cuando se aplicó una reforma a raíz de una sentencia anterior que también dio la razón a las eléctricas. La devolución, si se hace a todas las compañías (y no solo a las dos demandantes) podría rondar los 500 millones de euros, 3,2 en el caso de Extremadura.
Beneficiarios
Según los datos facilitados ayer por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), son 80.000 las familias de la región a las que se aplica el bono social. Según recuerda Lali Bermejo, técnico de consumo de UCE, «se trata de pensionistas con pagas mínimas, familias numerosas o parados de larga duración que están en riesgo de sufrir lo que llamamos pobreza energética». Para Bermejo, el fallo demuestra que el sistema eléctrico «tiene carencias desde el momento en el que se libera el sector», y la consecuencia ahora es que independientemente de que el bono social se mantenga o no, «todos los españoles tendrán que hacer frente a las devoluciones» que fija la sentencia.
La técnico de UCE reconoció que el bono social no da una respuesta total a las necesidades de la población más vulnerable, pero sí advirtió que «si ya era difícil asumir el coste de la factura de la luz, ahora lo será mucho más».
