El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, sostiene que la subida del IVA "puede tener un efecto positivo, en cuanto a la generación de ingresos" porque el Estado "contará con más recursos monetarios", algo que "puede beneficiar" a todas las comunidades, pero "especialmente" a Extremadura.

"El Fondo de Suficiencia Global, que se nutre de este tipo de ingresos monetarios, presenta una mayor incidencia en relación con los ingresos totales que figuran en nuestros presupuestos", matiza Fernández durante su comparecencia en el pleno ordinario de la Asamblea de Extremadura.

Antonio Fernández comparece a petición propia para informar sobre la repercusión e incidencia del Real Decreto, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, entre las que se encuentra la subida del IVA.

En su intervención, detalla que Extremadura "es la tercera comunidad donde el Fondo de Suficiencia Global tiene un mayor precio". Además, se refiere al "bajo nivel de renta de la población extremeña", sobre lo que añade que, "a menor poder adquisitivo, menor repercusión".

"Nos afectaría la medida de tipos en menor medida, ya que los que menos nos afectarán son los más elevados", apunta.

En cuanto al impuesto de sociedades, subraya que el Real Decreto establece que se dirige a "grandes empresas con capacidad de hacer frente a un nuevo esfuerzo impositivo, gravando nuevos conceptos y ampliando su actuación sobre antiguas exenciones". "Se incrementará la capacidad recaudatoria con este impuesto, y en este caso con procedencia de los que más tienen que aportar".

En cuanto a las medidas de liberalización comercial, subraya que "todo el levantamiento de trabas al libre comercio" será algo "bueno" para Extremadura, porque se establecerán de manera "progresiva".

"El impacto estimado para Extremadura, para un aumento de 8 a 10 días, y de 72 a 90 horas, se traduciría en un incremento del PIB regional, una generación de 3.793 puestos de trabajo, un incremento en la apertura de locales comerciales y una disminución en el índice de parados de casi tres puntos".

Finalmente, menciona al posible recurso de inconstitucionalidad que plantea el Gobierno de Extremadura contra el impuesto sobre la producción y transporte de energía aprobado por el Ejecutivo central, y que afecta al impuesto autonómico denominado 'ecotasa'.

En su opinión, el Real Decreto habilita al ministro de Industria para fijar los tributos y tarifas concretas que serán considerados a efectos de la aplicación de ese impuesto". Por ello, continúan a la espera de que, "como ha pedido y reclamado el Ejecutivo extremeño, se efectúe sobre la producción de energía terminuclear, y no termonuclear-hidroeléctrica".

"Una vez conocida esa decisión, es cuando deberá plantearse o no el recurso de inconstitucionalidad", ha declarado.

Por su parte, el diputado socialista Valentín García declara que las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy representan un "atraco" para Extremadura.

Según explica, la supresión de la paga extra de navidad para empleados públicos "son 100 millones de euros que van a pagar los comercios, la hostelería y la economía real de esta región". "Van a destruir empleo, al reducir 100 millones de la economía real", insiste.

Entre otras cuestiones, García se refiere a la bajada del 60 al 50 por ciento de la base reguladora de la prestación por desempleo, así como al "endurecimiento" de las condiciones para las subvenciones y subsidios para mayores de 55 años.

"Convierten en sospechosos a todos los desempleados de este país, y el Fogasa reducirá la capacidad de garantizar el salario cuando una empresa pequeña sea insolvente", ha lamentado.

En su intervención, el diputado socialista también subraya que su grupo ha registrado una iniciativa en la cámara, para que sea el propio Parlamento de Extremadura el que ponga un recurso de inconstitucionalidad sobre la ecotasa. Además, ha mostrado su oposición a la liberalización del comercio, porque "invade las competencias exclusivas del Estatuto de Autonomía".

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Pedro Escobar, detalla que "el pastel de mercancía que se maneja en una comunidad con un millón de habitantes no va a aumentar porque haya más tiendas".

Así, apunta que puede registrarse un incremento de aperturas, pero "a costa de que se cierre en otros sitios". "Va a tener un efecto mortífero sobre el pequeño y mediano comercio, que ya están en una difícil situación, y esto le va a afectar".

En referencia al IVA, Escobar sostiene que el impuesto "cargará de manera injusta" sobre los consumidores, así como que se trata de una medida con un efecto "recaudatorio".

"El balance fiscal va a retraer el consumo", según Escobar, que ha abogado por combatir la lucha contra el fraude.

Por su parte, la diputada del PP Beatriz Villalba matiza que las medidas adoptadas por el Gobierno central contienen una batería de "reformas necesarias para el país".

En su opinión, existen administraciones "sobreendeudadas" en el conjunto nacional, "con presupuestos sobreejecutados", y fondos europeos de los que no se pueden disponer hasta el 2013.

También menciona a una caída de los ingresos públicos, como consecuencia de la crisis, "sin brotes verdes", ante lo cual dice que el Gobierno central "ha tenido que actuar, ya que es su obligación".

"Hay determinados servicios que se han convertido en esenciales, aunque para mantenerlos tenemos que aumentar los ingresos", apostilla la diputada popular.