El Gobierno central ha puesto el freno a tres de las normativas regionales que la Junta de Extremadura ha activado durante la actual legislatura como leyes estrellas de su mandato. Pasó con la de exclusión social, que fue recurrida al Tribunal Constitucional al considerarse que dos de sus puntos, el que permite la sanidad universal a personas sin papeles y el que impide que se embargue la renta básica, invadían las competencias estatales. Ha ocurrido también con la reciente normativa que obliga a todas las gasolineras de la comunidad a contar con, al menos, un empleado. Y ha sucedido igualmente con la polémica ley de vivienda, concretamente con dos asuntos: la expropiación de pisos a bancos en casos límites; y el canon y la sanción económica que se les interpondría por tener casas habitables y vacías fuera del mercado.
Pero para no tener que acabar de nuevo en los tribunales, la Junta de Extremadura y el Gobierno central decidieron crear una comisión que analizara la «legalidad» de esta ley para que pueda seguir en vigor sin cuestionamientos. Por ello, tal y como informan desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, esta misma semana un abogado de la Junta acudirá a Madrid para abordar el futuro de la normativa.
SIGUEN VIGENTES / Mientras tanto, tal y como subrayan desde la consejería, tanto la ley de exclusión social como la de vivienda seguirán su desarrollo normativa «porque los recursos no afectan al mismo, ya que ninguno las suspende, sino que se discute solo la competencia autonómica sobre algunos artículos».
De este modo, ambas seguirán vigentes hasta que haya una decisión firme al respecto.
