La prostitución es una actividad donde los límites de la legalidad son habitualmente difusos. Carece de regulación estatal y solo algunas comunidades y determinados ayuntamientos han establecido normativas propias para intentar controlar un negocio que maneja cifras millonarias y que mucha veces está relacionado con otras actividades delictivas como el blanqueo de dinero y la venta de droga.

Cada año son detenidas en Extremadura más de un centenar de personas por esta actividad, la mayoría de ellas mujeres sin permiso de residencia. En este 2008, por ejemplo, la policía desarticuló en marzo una red que blanqueaba el dinero generado por la prostitución en Badajoz. Se detuvo a 10 personas y otras 17 fueron arrestadas. Se estima que obligaban a prostituirse a cerca de 300 mujeres.

Un mes después, otra operación, ésta a nivel nacional, se saldaba con 9 proxenetas detenidos en la provincia de Cáceres por participar en una red internacional de prostitución.

Ante esta situación, organizaciones como Izquierda Unida han solicitado en varias ocasiones a la Junta de Extremadura una regulación sobre esta actividad. Pero de momento el Ejecutivo se ha negado a seguir los pasos de otras regiones que, como Cataluña, cuentan ya con una normativa para intentar fijar los derechos de estas personas. La Junta defiende su abolición mediante la lucha policial.

Lo que sí ha hecho en los últimos años es respaldar las campañas contra la prostitución, como la realizada por el Instituto de la Mujer de Extremadura y la Asociación regional de Derechos Humanos. Bajo el enunciado "Cerca de tu casa una mujer está secuestrada. Es una serva peregrina, una extranjera prostituida. ¿Vás a dejarla sola? Actúa, denuncia", ambos organismos pretenden concienciar a los clientes sobre la situación real que viven estas mujeres.