Había grandes expectativas, pero se han ido disipando con el paso de los meses. Las empresas que trabajan con drones ansiaban la llegada del real decreto aprobado el pasado mes de diciembre para regular su actividad y permitir los vuelos más allá del campo abierto, donde las oportunidades de negocio son muy limitadas. El real decreto está en vigor desde el 27 de diciembre de 2017 (el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto). Pero en la práctica todo sigue igual, porque el desarrollo normativo que debía ponerlo en pie no se ha llevado a cabo y eso supone que los 66 operadores de este tipo de aeronaves que hay en Extremadura viven una situación de bloqueo que incluso está dando al traste con negocios.
El responsable de la Federación Española de Asociaciones de RPAS (Fedar), el extremeño Jerónimo García Marcelo, asegura que el sector «está totalmetne asfixiado y más en Extremadura», según afirma, por las limitaciones que impone el amplio espacio aéreo restringido de la base militar de Talavera la Real, donde hay una escuela de pilotos de cazas. García Marcelo está al frente de la empresa pacense Aereodron, y asegura que de diez trabajos que le entran rechaza 9 porque la ley no le permite hacerlos. «Pero yendo más allá, diría que de todas las empresas que hay en Extremadura, en realidad no trabajan más de siete u ocho. No podemos hacer trabajos, aunque muchos continúan manteniendo la acreditación y siguen en la lista de operadores a la espera de que cambie la situación», cuenta.
Ese nuevo marco jurídico, tras tres años con una normativa transitoria, estaba llamado a desbloquear la posibilidad de trabajar en los escenarios que más oportunidades de negocio ofrecen: volar sobre zonas urbanas, en espacios con público o por la noche, además de habilitar le mecanismo para poder obtener permisos especiales para entrar en zonas restringidas por la existencia de un espacio aéreo controlado, o CPR, como se conocen las zonas afectadas por limitaciones por la existencia de un aeropuerto civil o militar. En Extremadura hay uno de estos CPR en torno a la base de Talavera la Real, que tiene un área de restricción que ocupa una superficie de aproximadamente 60 kilómetros de radio.
«Los permisos se solicitan, pero en la práctica no se ha concedido aún ninguno», coinciden en señalar tanto el presidente de Fedar como otros empresarios de la región vinculados al sector. Señalan directamente a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y en el caso de García, también al Ejército del Aire. Ni uno ni otro otorgan permisos.
Un negocio de futuro/ El sector de los drones está considerado uno de los que más proyección de futuro tiene por el abanico de posibilidades que abre. No en vano hay más de 3.000 licencias de operadores en toda España y de ellas 66 en Extremadura, según los datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). No es la región en la que más desarrollo ha tenido esta actividad, pero aun así el incremento en los últimos años ha sido importante (a principios de 2017 rozaban el medio centenar), se ofrecen cursos de formación a parados por parte de las administraciones y el interés por el sector aumenta. «Este sector es el futuro, es cierto, pero no un futuro inmediato, porque tenemos tantos problemas que no habrá una salida a corto plazo. La nueva ley era y es un caramelo envenenado, porque en la práctica nos dan licencia, pero no nos dan permiso», lamenta García Marcelo.
Más allá del auge de este tipo de dispositivos como herramienta de entretenimiento en los últimos años (ese tipo de vuelos no requieren habilitación por parte de AESA ), también es una herramienta de trabajo que reduce los costes para tomar imágenes aéreas con todo tipo de aplicaciones. El dron no es más que una pequeña aeronave (puede pesar entre dos y 25 kilos y costar por término medio entre 1.000 y 70.000 euros) a la que se le instalan una serie de sensores en función de la actividad que se quiere llevar a cabo (medir temperaturas, hacer fotografías termográficas o georreferenciadas, trabajos topográficos) sin necesidad de usar aviones o helicópteros, como se hacía hasta que aparecieron.
Eso permite llevar a cabo este tipo de trabajos de una forma más económica que antes. El problema es que desde diciembre de 2017 no se ha producido el desarrollo normativo necesario y en el sector comienza a calar el desánimo y la indignación. Junto a eso, quienes recurren a la picaresca están aprovechando el vacío actual. «La situación está fomentando el intrusismo y las malas prácticas, poniendo en riesgo la seguridad aérea y la seguridad ciudadana. Hay gente que no pide los permisos y realiza trabajos en escenarios prohibidos. Se arriesgan y si les pillan ya asumirán las multas», denuncia el presidente de Fedar.
Su opinión la comparten desde la empresa Vicre Estudio Creativo, en Cáceres una pequeña productora que tiene en las imágenes aéreas con drones una de sus áreas de negocio. «Para nosotros es una herramienta más como cámara audiovisual. Es cierto que la mayoría de los clientes y trabajos te lo piden porque la imagen que ofreces es impactante, pero en el entorno urbano es donde más opciones de trabajo surgen y ahí es donde no se puede utilizar, así que se pierden clientes», aseguran fuentes de esta empresa.
una imagen impactante/ Califican además como «indignante» ver cómo productoras de mucho peso con programas de televisión utilizan imágenes aéreas de ciudades que están tomadas con drones en condiciones, supuestamente, no permitidas. «El problema es que AESA no tiene herramientas para hacer cumplir la ley, así que es prácticamente imposible poder denunciar al que se la salta», dicen.
Desde la empresa Air Drone View también constatan una situación de parálisis. «No es que esté peor la cosa, es simplemente que se esperaba que la ley ayudara a mejorar la situación y al final, estamos igual que antes de la ley», aseguran. «Podemos operar en determinadas zonas con permisos, pero nunca conceden esos permisos, así que no hay ninguna mejora», añaden. Como el resto, afirman estar perdiendo trabajos por esa situación. «Los clientes te piden esas imágenes, por ejemplo para una boda, pero no lo podemos hacer según la ley», explican desde esta empresa. Y la sanción mínima en caso de arriesgarse es de 7.500 euros. La máxima es millonaria.
Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Fomento. No se ha obtenido respuesta.
