El proyecto de Ley de Calidad Ambiental de Extremadura continúa su tramitación parlamentaria en la Asamblea tras la superación hoy del debate de totalidad con el apoyo del Grupo Socialista (PSOE-Regionalistas) y el Grupo Popular (PP-Extremadura Unida).

El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, califica la norma como "la de la calidad de la vida" y añade que define las líneas esenciales en la prevención de la contaminación y la calidad ambiental.

Según explica, la ley se refiere como materia "absolutamente prioritaria" a la educación ambiental, así como a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente.

También se refiere a los procesos de evaluación, control integrado de la contaminación y de proyectos, así como a la protección de los ruidos y a la responsabilidad medioambiental.

Pretende establecer así un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su integración en el resto de las políticas autonómicas con el fin de obtener un alto nivel de protección del medio ambiente y, de este modo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, completando, clarificando y actualizando el marco normativo existente en materia de prevención y calidad ambiental, al tiempo que se configuran nuevos instrumentos de protección ambiental.

De igual modo, persigue dar respuesta a las tres dimensiones que componen el concepto de desarrollo sostenible, en concreto, la dimensión ambiental, la social y la económica, con el fin de garantizar a las generaciones futuras unas condiciones ambientales "atractivas y saludables" que permitan su desarrollo y mantenimiento.

Por otra parte, Navarro detalla que los principios que inspiran la ley y servirán de marco a todo el desarrollo normativo en materia de prevención y calidad ambiental son la prevención, la cautela, la solidaridad intergeneracional, la adaptación al progreso técnico, la responsabilidad compartida en la protección del medio ambiente, la coordinación y cooperación en la materia, y la información, transparencia y participación.

Además, buscará el fomento de la educación ambiental y se basará en el principio de "quien contamina paga", así como en el de la responsabilidad objetiva por el cual el operador de los daños o amenazas al medio ambiente deberá responder por ellos con independencia de la imputación subjetiva que resulte de los mismos, conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidad medioambiental, añadió el consejero.

Los fines de este proyecto son, entre otros, alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente; establecer un sistema de intervención ambiental que integre al máximo las distintas autorizaciones e informes relacionados con el impacto sobre el medio ambiente de determinados tipos de actividades industriales; y establecer un sistema de responsabilidad tanto objetiva como subjetiva, así como de indemnización por daños al medio ambiente, que garantice la prevención o reparación de los daños causados.

Otros fines son fomentar el acceso de los ciudadanos a una información ambiental objetiva y fiable; promover e impulsar la educación ambiental y la concienciación ciudadana en la protección del medio ambiente; racionalizar y completar el régimen de vigilancia e inspección; y establecer el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención y calidad ambiental aplicable en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como determinar los órganos a los que se les otorga la potestad sancionadora en esta materia.

La futura norma implicará a todas las administraciones públicas de la región en el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales y por la correcta aplicación de los principios de prevención y reparación de los daños.

Asimismo, las administraciones públicas de Extremadura adoptarán las medidas necesarias para unirse a los esfuerzos nacionales e internacionales por frenar el calentamiento global, tomando un posicionamiento activo.

Por tanto, la futura ley se aplicará a cualquier plan, programa, proyecto, obra y actividad de titularidad pública o privada, que se desarrolle en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que genere impactos en el medio ambiente.

José Luis Navarro resalta por su carácter novedoso que la ley contempla la evaluación de impacto ambiental ordinaria y la abreviada, que viene a reducir en plazos la figura ya existente autonómica para las actividades de protección de ecosistemas de la comunidad, y que culminará con el dictamen del informe ambiental.

Igualmente, destaca las novedades introducidas en la ley para el conjunto de actividades que precisan para su puesta en marcha por su posible afección a la salud o al medio ambiente de una declaración ambiental.

Intervención del PP

Por su parte, el diputado del Grupo Popular-Extremadura Unida Juan Pedro Domínguez critica la inexistencia de una memoria económica de las medidas que se contemplen en la ley, así como del impacto económico que tendrá la misma para la ciudadanía y el empresariado extremeños.

Además, tras resaltar que la ley afectará "prácticamente a cualquier actividad que se desarrolle en Extremadura", anuncia la votación afirmativa de su grupo al trámite de totalidad de la ley "por responsabilidad", aunque reclama la introducción de mayores medidas encaminadas a favorecer la investigación en la materia, así como de "incentivos" para las entidades que desarrollen iniciativas que favorezcan la conservación medioambiental.

Así, avanza que su grupo enmendará la ley para dotar a la comunidad de una iniciativa "lo más perfecta posible", y que propicie que "las garantías y requisitos a los promotores y empresas no sean un obstáculo" para la puesta en marcha de iniciativas económicas.

"El proyecto de ley necesita un análisis exhaustivo y riguroso", detalla Domínguez y añade que su partido solicitará la comparecencia en la cámara regional de colectivos implicados en la ley. Además, reclama la articulación de "medidas preventivas, claras y justas, para conservar y mejorar la calidad ambiental" en Extremadura "sin entorpecer" al mismo tiempo la puesta en marcha de actividades.

PSOE

A su vez, en representación del Grupo Socialista (PSOE- Regionalistas), José Luis Velilla, defiende el "difícil equilibrio" alcanzado en la ley entre los intereses ciudadanos mediante la información y la participación pública, los ambientales y los económicos.

"En esta triada de objetivos es donde se encuentra una de las claves del proyecto de ley", resalta Velilla y califica como "de suma importancia" la iniciativa ya que peremitirá a la región dotar de un marco legal "realista, objetivo y de fácil cumplimiento". "Supondrá un antes y un después en el grado de madurez medioambiental".

El diputado socialista también resalta la "simplificación burocrática" de la ley en cuanto a los procedimientos, lo que permitirá una "mayor agilidad", señaló.

Asimismo, confía en que durante la tramitación de enmiendas parciales el proyecto de ley que ya es "completo y complejo" pueda ser "mejorado". "Tras pasar por el tamiz de la cámara el proyecto saldrá mejorado".

Para cerrar el turno de intervenciones, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente agradece el "apoyo crítico" del PP a la ley y se muestra "abierto" a la recepción de propuestas encaminadas a mejorar la iniciativa, y destacó que la misma "no produce un impacto económico" ni para la Junta ni para los ayuntamientos, así como su "alto" proceso de participación pública para su elaboración.