Nació como un hito histórico y social sin precedentes pero 10 años después, con una dura crisis económica de por medio y una gestión con luces y sombras, no todas las expectativas se han cumplido. La ley de dependencia celebra su décimo aniversario con un tercio de los beneficiarios en lista de espera. Más de 35.300 extremeños tienen en estos momentos reconocido su derecho a las ayudas contempladas en el sistema, pero solo 24.000 las están recibiendo. Casi 11.300 siguen pendientes de que la administración resuelva, a los que se suman los «miles» que se han quedado por el camino.

Y es que la financiación del sistema, con un coste superior al previsto y unas arcas públicas mermadas por la crisis, ha sido el principal escollo para el desarrollo de una ley en la que solo el año pasado se invirtieron en Extremadura 182 millones de euros. «Que haya un 32% de dependientes en lista de espera es una barbaridad, pero mucha culpa la tiene el quebranto económico que han causado los recortes estatales», afirma el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

El colectivo cifra en 53 millones lo que el Gobierno central ha dejado de invertir en dependencia en Extremadura en el periodo 2012-2015. A esto suma la rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares en un 15%, lo que habría supuesto una reducción del gasto autonómico de 15,4 millones. No obstante, hay que destacar que según los datos que maneja la asociación, el gasto público medio por dependiente atendido en Extremadura es superior al del conjunto nacional (6.959 euros en 2015 frente a 6.068 de la media española, casi 900 más) y también el gasto público anual en dependencia por habitante: 119,99 euros frente a 113,15. A pesar de ello, Ramírez apunta al escaso desarrollo de la red de servicios municipales como «un grave lastre» para el desarrollo de la ley de dependencia en la región.

BENEFICIARIOS / Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde que se pusiera en marcha el 14 de diciembre del 2006, 52.866 extremeños han solicitado acogerse a la ley de dependencia. La Administración ha resuelto 47.102 expedientes, reconociendo el derecho a 35.356 beneficiarios. De estos, 24.069 están recibiendo prestaciones o servicios: ayudas económicas (en el 43% de los casos vinculada al servicio y en un 29% por cuidados en el entorno familiar), plazas en residencias (18%), centros de día (6,9%) o ayuda a domicilio (2,7%). Estos 24.069 beneficiarios suponen la cifra más alta desde que comenzó a aplicarse la ley, pero aún hay 11.287 esperando a que la Administración culmine su expediente. Son en su mayoría personas valoradas como dependientes leves, cuya introducción al sistema se ha retrasado más de cuatro años (de 2011 a 2015) por razones de estabilidad presupuestaria.

Precisamente para convertir el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en «un logro social irreversible», los partidos políticos con representación en la Asamblea aprobaron en el último pleno una declaración institucional conjunta. PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos piden en ese documento un pacto de Estado que refuerce las políticas de inclusión y «redefina lo que debe ser un auténtico y efectivo dispositivo de derechos sociales a las personas que necesitan apoyo para su autonomía personal». La declaración se alinea con las peticiones que ya han lanzando los colectivos sociales: la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales pedirá el próximo día 14 un pacto de Estado en el Congreso y desde Extremadura también el Cermi (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad) apela al consenso político para una «refundación» del sistema de la dependencia.

CONTINUIDAD / «La continuidad, consolidación y el desarrollo efectivo de todo el potencial del SAAD debe estar fuera de toda duda, ya que resulta esencial para dar respuesta a las acuciantes necesidades de las personas con discapacidad y personas mayores que precisan apoyos intensos para su autonomía individual, la vida independiente y su inclusión social», afirma. El Cermi reconoce los «graves problemas de modelo, despliegue y financiación» que ha tenido la ley desde su implantación en 2006 y por ello reclama una «refundación» del sistema. «Los recortes presupuestarios no pueden ser por más tiempo la excusa para dejar de languiceder el SAAD», reitera. Como alternativas, plantea integrar el sistema de la discapacidad dentro de la Seguridad Social para garantizar la igualdad territorial y alcanzar la mayor perfección del derecho subjetivo a la protección social. Este además, deberá contar con una financiación suficiente, «sin copagos», para su correcto y rápido despliegue.

Otro de los aspectos que según el Cermi ha de reformularse es el de las «escasas, anticuadas y rígidas» prestaciones para orientarlas a la promoción real de la autonomía personal y la integración social, lo que supone apostar por servicios como el de asistencia personal en detrimento de las residencias. Y todo ello, señala, prestando especial interés al enfoque de género, ya que las mujeres son las principales demandantes de las prestaciones y servicios del SAAD y también las primordiales proveedoras de atención y cuidados.