No solo contribuye al bienestar social de una parte importante de la población; en estos momentos de crisis económica, también es un ámbito fructífero en términos de empleo. Ese es el mensaje que imperó ayer en el acto inaugural del Congreso Europeo sobre Autonomía Personal y Dependencia, que hoy se clausura en Mérida.

Desde que la Ley de Dependencia entró en vigor, en enero del 2007, y hasta el pasado mes de septiembre del 2008, se han creado unos 77.000 empleos en toda España en el ámbito de los servicios sociales destinados a la atención a las personas dependientes. Y además, 44.000 cuidadores se han dado de alta en la Seguridad Social, según explicó durante el acto la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira.

Su discurso no fue aislado. Coincidió en el diagnóstico Antonio Jiménez Lara, sociólogo y coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Bajo su punto de vista, los avances sociosanitarios introducidos por la ley se están notando ya, a la vez que está contribuyendo a la generación de actividad económica y puestos de trabajo. "Es un buen negocio", aseveró tras explicar que los servicios sociales han sido el único subsector en el que creció el empleo durante el año pasado. Y todo a pesar de que la ley, como recordó, todavía no ha alcanzado su máximo nivel de desarrollo y cobertura.

Tal y como subrayó Carmen Comeiro, vicepresidenta de Cruz Roja Española --entidad organizadora de este congreso, junto a la Academia Europea de Yuste--, el objetivo de estas jornadas no solo es analizar los servicios a la dependencia, sino abordar los derechos de las personas dependientes y los cuidadores familiares. En este sentido destacó que el 83% de las personas que atienden a un dependiente son mujeres y que tienen una edad media de 52 años. Por eso, incidió en la necesidad de apoyar a los cuidadores a través de servicios como la ayuda a domicilio, el acompañamiento o los centros de día.

TRABAJO POR HACER Durante toda la jornada inaugural, a la que asistieron cerca de 200 especialistas de España, de otros países europeos, de Guinea Bissau y de Ecuador, se recalcó también la necesidad de que las administraciones sigan apostando por la mejora de la atención social a las personas dependientes y sus familiares. Según un reciente estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), una de cada 10 extremeños inactivos --es decir, que no están en disposición de entrar en el mercado laboral a pesar de tener entre 16 y 65 años-- no busca empleo porque sufre algún tipo de dependencia. Y el 3% de la población no trabaja o lo tiene que hacer a tiempo parcial para poder ocuparse de alguna persona que tiene a su cargo.