El Estado ha transferido a Extremadura casi 15 millones de euros a lo largo de este año para afrontar los compromisos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, según explicó ayer la secretaria regional de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez. Del total de fondos, la mitad se destina a crear infraestructuras como residencias o centros de día, y el resto a pagar las prestaciones para contratación de personal o para los familiares que se hacen cargo del dependiente.

Según apuntó, desde que se puso en marcha el sistema se han recibido en la región 23.000 solicitudes, de las que 12.700 ya están evaluadas, y han dado derecho a prestaciones para casi 9.000 extremeños.

Del total de personas a los que se ha reconocido ya el derecho a recibir prestación --grandes dependientes y dependientes en grado severo-- casi 6.000 ya las están cobrando, y el resto lo harán cuando el Estado transfiera fondos adicionales.

Pérez valoró muy positivamente la aplicación de la ley en Extremadura, y puso como ejemplo que en comunidades como Madrid, con seis veces la población extremeña, el número de solicitudes es inferior, y no llega a 20.000. En todo caso, pidió que no se presenten solicitudes más que en las situaciones de extrema dependencia, ya que es en estos casos en los que se tiene derecho a prestación ahora, y el resto no lo tendrá hasta más adelante, puesto que la ley prevé un desarrollo hasta el 2015.

En cuanto a las listas de espera en residencias de asistidos y el posible desconocimiento de algunas personas respecto a que si no están valorados no podrán entrar aunque piensen que están en lista, Pérez indicó que quienes piensen que presentan una gran dependencia "ellos o sus familiares", deben solicitar la valoración.

Sí reconoció que la norma "está en su primera fase de desarrollo y las residencias no pueden surgir como setas de un día para otro". Por ello dijo que se está a la espera de que se desarrollen los decretos correspondientes de acreditación de centros privados, de manera que la Junta pueda concertar la asistencia en residencias privadas.

Por lo que se refiere a los familiares cuidadores, Marisol Pérez explicó que se ha reconocido la prestación en Extremadura a 295 personas --188 en Badajoz y 107 en Cáceres-- para las cuales se ha firmado un convenio con la Seguridad Social para que, además de cobrar las prestaciones que recoge la ley (entre 330 y 506 euros por mes, según el grado de dependencia) cuenten con todos los derechos laborales al estar dados de alta.