Ley de Dependencia

En Extremadura, la atención al colectivo formado por las personas mayores ha supuesto, desde siempre, uno de los frentes prioritarios de la acción política del gobierno de la Comunidad Autónoma. Desde la transferencia de las competencias relacionadas con las políticas sociales a la Junta de Extremadura la administración regional ha abordado, de manera decidida, la creación de redes de atención a nuestros mayores, redes que permitieran, en sus entornos o cerca de ellos, un buen abanico de servicios que nos facilitaran vivir en condiciones de vida dignas. Además, esa oferta se ha ido completando paulatinamente procurando atención en una sociedad cambiante que, gracias a su evolución y a los cambios sociales que ello implicaba, ha ido solicitando de los poderes públicos una mayor diversidad de servicios y recursos.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, ha venido a elevar al rango de derecho lo que hasta ahora se entendía como un compromiso programático con la ciudadanía. Además, queda garantizado que ni el color político del partido político que gobierne, ni el propio devenir de las situaciones económicas, cuestionen en ningún momento la necesaria atención, y por tanto dedicación, a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y que, por lo tanto, necesitan del apoyo de un tercero para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria.

A partir de la promulgación de la Ley 39/2006 estos dos ámbitos, es decir, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, forman parte de manera obligada para todas las administraciones públicas del Estado español, del organigrama básico de deberes y obligaciones para con sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, suponen una gran oportunidad para primero, empujar el desarrollo social y económico de nuestra sociedad y segundo, para romper definitivamente el estigma que identificaba las políticas sociales con una carga para nuestro sistema. Y nada más lejos de ello si entendemos la atención a las personas dependientes y el avance en los programas de promoción de su autonomía, tanto como todo lo relacionado con la prevención de estas situaciones, como una oportunidad magnífica para crear tejido productivo en un momento de crisis como en el que ahora nos encontramos. La entrada en vigor de esta Ley ha supuesto colocarnos entre los países más desarrollados en lo que se refiere a la consolidación de los derechos sociales que protegen a sus ciudadanos. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de la necesidad de que todo lo que la norma garantiza, necesita del desarrollo de una red potente de servicios y programas que hoy se encuentra en plena construcción. Sin cesar en el esfuerzo, y sin desanimarnos ante el camino que queda, creo que es justo que reconozcamos que gracias a leyes como ésta nuestra sociedad avanza por un camino sin retorno hacia mayores cotas de bienestar y dignidad.