La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural repartirá 174,6 millones en Extremadura

El secretario general de Medio Rural, Eduardo Tamarit, y el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, han presentado en Badajoz el Protocolo General de Colaboración entre ambas administraciones, para la puesta en marcha de esta ley. El objetivo de este protocolo, en cuya presentación ha estado presente la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, es establecer las bases marco de cooperación entre Gobierno central y regional para la implantación de la norma, a través de una Programa de Desarrollo Sostenible en el que concretan las medidas de política rural y los procedimientos para llevarla a cabo.

El presupuesto para la región, que con los cerca de 175 millones, se convierte en la cuarta Comunidad Autónoma que más fondos destinará a políticas de desarrollo rural, se aporta a partes iguales por el Estado y la Junta de Extremadura.

El consejero ha explicado que en la región se está trabajando actualmente en la elaboración de los planes para las 12 zonas configuradas para aplicar la ley de 2007, seis en cada provincia extremeña, unos planes que incluyen los objetivos, estrategias e iniciativas a llevar a cabo en cada una de las zonas.

Con esta división zonal, ha añadido a este respecto Eduardo Tamarit, se busca que las actuaciones y el presupuesto llegue a todos los municipios extremeños, salvo las grandes ciudades como Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia, dando cobertura además a las entidades locales menores, pedanías y poblados dependientes de esos grandes núcleos urbanos.

Con estas zonas, de las que 8 han sido marcadas como prioritarias a revitalizar y recibiendo la máxima cobertura prevista en la ley, se abarca el 70% del territorio extremeño, y se podrán poner en marcha proyectos de desarrollo en 275 municipios y beneficiar a 688.000 habitantes, lo que supone en 62,4 por ciento de la población extremeña.

Sobre la elaboración de los planes, Juan María Vázquez ha detallado que una vez se cuenta con el diagnóstico de las "potencialidades y debilidades" de cada zona, el siguiente paso es la identificación, programación y financiación del conjunto de actuaciones que se van a incluir en cada plan.

Estos planes deberán estar finalizados para el primer trimestre de 2011, de forma que los 12 proyectos conformarán el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Extremadura hasta 2015, que se aprobará, según previsiones, en junio del año próximo.

Este programa, ha detallado Vázquez, concreta todas las medidas que se van a llevar a cabo en la región, bajo cuatro ejes "fundamentales" que son la actividad económica y el empleo; infraestructuras y equipamiento básico; servicios y bienestar social; y como cuarto eje está el medio ambiente.

Para el consejero extremeño la aplicación de esta ley supone una "oportunidad" para reforzar la política de desarrollo rural que se lleva a cabo en la región, para "afrontar retos" como el empleo y la productividad o el mantenimiento de la población en las zonas rurales, según, ha dicho, un modelo "basado en el equilibrio territorial y la participación" en el que la Junta cree "firmemente".

En este mismo sentido Tamarit ha señalado que la Ley busca "vertebrar" los territorios para que la población se "quede en su pueblos con las mismas posibilidades de desarrollo que en la zonas urbanas".

Junto a la delimitación de las zonas en que se aplica la ley, se prevé la creación de distintos órganos de participación, que Vázquez ha calificado de órganos de "gobernanza", configurados como instrumentos de programación y seguimiento de la aplicación de la ley.

En primer lugar en la región funciona desde julio el Comité Autonómico de Desarrollo Rural en el que están representados todas las consejerías, y que se encarga de coordinar las actuaciones en materia de desarrollo rural.

Como segundo órgano de gobernanza, a partir de enero, estará funcionando el Consejo Extremeño de Desarrollo Rural, con 35 miembros entre representantes de la administración, diputaciones, la Fempex, mancomunidades, sindicatos, empresarios, cooperativas, o grupos de acción local entre otros representantes sociales.

Con estos órganos se plasma el grado de participación que exige la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por el que también se han constituido Comités Territoriales en cada una de las zonas de aplicación, integrados por agentes vinculados al medio rural de cada una.

Así, y gracias a este nivel de participación, el secretario general de Medio Rural, ha señalado que la aplicación de la ley tendrá "pocas equivocaciones" ya que son los "propios" agentes de cada zona los que "delimitan" y señalan las necesidades de cada territorio en materias como deporte, infraestructuras, sanidad, educación o vivienda y políticas de empleo.

Será cada grupo de zona el que decida en que quiere invertir, unos proyectos que deberán ser aprobados por la Junta de Extremadura y finalmente refrendados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Finalmente, Eduardo Tamarit, ha reseñado que, junto a los planes rurales, la ley prevé para Extremadura el desarrollo de dos programas piloto en zonas como Ibores y Villuercas con 3 millones de euros, y otro para la reserva de la bioesfera de Monfragüe que lleva una inversión de 180.000 euros.

Para Tamarit todas estas inversiones ponen de manifiesto el "compromiso" del Gobierno "hacia Extremadura" que se refleja en datos como que la Dirección General de Desarrollo Rural tiene "un compromiso financiero" en diversos programas para la región de 404 millones de euros.