Los cuadro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura mostraron ayer su disposición a negociar las 60 enmiendas al proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda y adelantron que habrá acuerdos dadas las coincidencias que hay muchas de las propuestas.

Las 60 enmiendas (29 del PP, 24 de Podemos, seis de Ciudadanos y una del PSOE) fueron rechazadas ayer en comisión parlamentaria con el fin de discutirlas en profundidad en el pleno de la Asamblea previsto para el próximo jueves, 26 de enero, en el que se votará la ley en su conjunto.

Podemos presentó inicialmente 34 enmiendas, pero la Junta de Extremadura vetó diez, fundamentalmente porque afectan al gasto, según el diputado de la formación morada, Daniel Hierro.

El PP y Ciudadanos coinciden, por ejemplo, en las enmiendas que han registrado para que se sigan las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Estado y evitar que la ley pueda ser recurrida por inconstitucional al invadir competencias del Estado.

Los socialistas se mostraron dispuestos a estudiar esto, aunque algunos de estos consejos ya vienen recogidos en el texto, según precisó la diputada Belén Fernández.

Hierro se mostró favorable a discutir estos términos jurídicos con el fin de que los derechos que se puedan ganar ahora no puedan ser «anulados» en el futuro.

Sin embargo, los portavoces en la comisión del PSOE y Podemos, y los del PP y Ciudadanos, Saturnino López Marroyo y María Victoria Domínguez, respectivamente, subrayaron que lo importante es garantizar el acceso a una vivienda digna y afrontar el problema de los desahucios.

Los grupos parlamentarios también ven con buenos ojos la única enmienda de los socialistas, de adición, con medidas para aliviar el endeudamiento derivado del impago de rentas de alquiler de las viviendas de promoción pública, como aplazamientos, fraccionamientos y aminoraciones de renta o pagos en especie.

El PP aboga por un programa de apoyo al alquiler con opción de compra o medidas de estímulo para el uso habitacional de la vivienda libre o por la formalización de convenios con entidades bancarias para que cedan parte de su parque cde viviendas para alquiler.