El proyecto de Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura, que inició su tramitación parlamentaria en la Asamblea el pasado día 6, obligará a la Consejería de Cultura a reclamar a otras comunidades autónomas todos los documentos que pertenezcan a Extremadura. Así se recoge en el artículo 17 de esta norma, que apunta textualmente que la consejería "velará porque todos los documentos que integran el Patrimonio Documental de Extremadura y vienen referidos en el artículo 4.1 a), b), c), d) y e) y se encuentren depositados en otras comunidades autónomas se reintegren a los archivos correspondientes de Extremadura".

En el caso de que se demuestre que esta devolución es inviable, la obligación de Cultura será "al menos disponer de una reproducción, preferiblemente en microfilm". Los documentos a que se refiere este artículo incluyen "los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público existen en Extremadura". Asimismo, se ven afectados los papeles generados por los órganos de la Administración del Estado o de la Justicia en sus sedes extremeñas, los de las notarías, los generados por funcionarios o cargos públicos en Extremadura y los de empresas donde la mayoría del capital fuese extremeño.

Además, la consejería también debe conseguir que los documentos producidos por instituciones públicas y que se encuentren fuera de los archivos de éstas "por circunstancias diversas" sean reintegrados al archivo que les corresponda.

Tanteo retractoPor otro lado, la norma también recoge un apartado dedicado a los documentos que están en manos de instituciones como la Iglesia, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, fundaciones y asociaciones culturales y educativas, e incluso, los que pertenecen a particulares. Estos documentos, si tienen más de 40 años en el caso de los de Iglesia, instituciones y asociaciones, o más de un siglo en los casos en que sean propiedad de un particular, también formarían parte del patrimonio documental extremeño.

Eso supone, por ejemplo, que tanto su transmisión como su subasta debe ser comunicada a la Junta con la debida antelación. El Ejecutivo regional podrá entonces ejercer el derecho de tanteo y retracto como derecho preferente de compra.

En el caso de que el propietario de los documentos no lo comunicase podría enfrentarse a una multa de hasta 1,2 millones de euros.

La nueva ley también recoge que los ciudadanos tendrán derecho a consultar gratuitamente los documentos de los archivos públicos de la región, excepto cuando tales documentos puedan afectar al honor, la intimidad o la imagen de las personas.[subtitulo2.150]

El Ejecutivo tendrá derecho preferente para comprar documentos a los particulares.