La Ley de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente fue aprobada por el pleno de la Asamblea de Extremadura el 29 de mayo de 1997. La normativa contó con el voto a favor de los parlamentarios del PSOE, IU y el Grupo Mixto y con la oposición de los del PP.

De hecho, el texto legal al que se dio el visto bueno fue consensuado con IU, que consiguió que, además de a las compañías eléctricas, que en un principio eran las únicas incluidas en el proyecto de ley presentado por la Junta, se gravase también a las de telefonía y telemática. De igual forma, IU logró que se duplicase el tipo impositivo, inicialmente situado en un 1,5% y que pasó a ser del 3%. Con ambas medidas, las previsiones de ingresos también se doblaron, hasta alcanzar los 3.000 millones de pesetas (unos 18 millones de euros).

Los socialistas trataron de llegar en un primer momento a un acuerdo con el PP, que no fue posible porque mientras que los primeros planteaban gravar el elemento patrimonial, los populares defendían que, al tratarse de un impuesto ecológico, debía afectar a las actividades contaminantes.

El socialista Antonio Bermejo definió entonces esta ley como "un buen ejemplo del ejercicio de la corresponsabilidad fiscal", que hacía "compatible el desarrollo económico con la protección medioambiental".