La Asamblea aprobó ayer la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, que contempla sanciones de hasta un millón de euros para las actuaciones que provoquen la quema de montes con daños que tarden más de diez años en recuperarse.

Asimismo, la norma recoge las tasas de extinción de entre ocho y 30 euros por hectárea para aquellos propietarios de zonas incendiadas que no hayan puesto en marcha planes de prevención. Esta tasa se aplicará dentro de tres años, es decir, dos años después de que Extremadura cuente con un plan general que marque zonas de riesgo y las acciones generales a aplicar en cada una de ellas. La legislación fue aprobada con los únicos votos del PSOE, el rechazo del PP y la abstención de IU, después de que los socialistas rechazasen 42 enmiendas parciales -33 el PP y nueve de IU-, según informó Efe.

FRACASO DE LAS POLITICAS El popular José Antonio Echávarri, en la defensa de las enmiendas de su grupo, criticó que en la exposición de motivos se diga que la ley nace por los cambios climáticos y que es fruto de la experiencia, cuando la verdadera razón, a su juicio, son las 45.000 hectáreas arrasadas el año pasado y el fracaso de las políticas aplicadas. Propuso la supresión de la tasa de extinción porque sólo tiene afán recaudatorio, y que se determinen los incentivos para los planes de prevención para que estas tareas no recaigan sólo en los propietarios.

Echávarri abogó por la cooperación transfronteriza con Portugal en la lucha contra los incendios y porque las competencias en materia forestal recaigan exclusivamente en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por ser la que tiene más medios.

Francisco García Ramos, del PSOE, que advirtió de que algunas enmiendas están recogidas en el texto o están contempladas en la Ley de Montes, negó que la tasa de extinción tenga afán recaudatorio, sino "incentivador".

El diputado socialista negó que la norma llegue con retraso y por motivos coyunturales, y acusó al PP de usar la exposición de motivos como una "estaca" para "dar" al consejero de Desarrollo Rural.

Cristóbal Guerrero (IU) defendió que los planes de prevención incluyan las previsiones para su financiación y, sobre todo, el compromiso de la administración para consensuar el futuro desarrollo de la ley. Reclamó que se considere incendio forestal a los árboles aislados calcinados, ya que alguno de ellos puede ser singular, y que se proporcionen medios a los voluntarios.

José María Rodríguez Santa, del PSOE, criticó que después de haber presentado una enmienda a la totalidad, IU sólo ha elevado nueve parciales que afectan a sólo cuatro de los 88 artículos. En su opinión, las modificaciones que plantea esta formación adolecen de contenido.