Aragón y Castilla-La Mancha ya poseen leyes de ámbito autonómico que consideran al sanitario autoridad pública y, como tal, su declaración tiene presunción de veracidad. En Extremadura se ha preferido esperar a la ley de ámbito nacional, la cual está a la vuelta de la esquina. Según José Alberto Becerra, la Organización Médica Colegial ha venido exigiendo desde hace años que la agresión a un facultativo médico en su ámbito de trabajo sea considerada agresión a una autoridad. Para ello se han mantenido reuniones con los ministros del ramo, Justicia y Sanidad; la Fiscalía General del Estado, distintos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado; consejeros y presidentes autonómicos, y especialistas en derecho sanitario cuyo parecer general es un cambio legislativo que unifique criterios a nivel nacional. Al final, el Ministerio ha optado por realizar un registro nacional de agresiones a sanitarios en general, estableciéndose una visión más panorámica del sistema público, y plantear una regulación legal que englobe a todos los profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito público.
Sin embargo, existe una objeción desde la Organización Médica Colegial y es que no se contempla la defensa del médico de la sanidad privada, donde también se contabilizan el 10% de las agresiones. Según José Alberto Becerra, "éste va a ser el próximo frente de batalla, hacer ver a los legisladores que debe tener la misma consideración un médico en un centro de salud que otro que recibe un paciente en su casa o consulta privada".
