La nueva Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio) reducirá a la mitad los plazos administrativos y urbanísticos para la puesta en marcha de este tipo de proyectos, que se tramitarán siempre por la vía de urgencia. Además, en el caso de que incluyeran casinos, se contemplan deducciones de hasta el 80% en el impuesto de juego, en función de la cantidades invertidas en la construcción y equipamiento del complejo. Para todo ello, no obstante, será necesario que el Consejo de Gobierno otorgue antes al proyecto la calificación de ‘Gran Instalación de Ocio’.
El PSOE registró ayer en la Asamblea esta nueva propuesta de ley, que llegará al pleno en el plazo estimado de un mes si cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado. Tal y como avanzó el miércoles el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el objetivo de la norma es posibilitar y captar la instalación de grandes parques temáticos y de ocio familiar en la región, fundamentalmente destinados al público internacional. Ya hay al menos un promotor extranjero interesado en abrir una instalación de este tipo en la comarca de La Siberia, en concreto en el municipio de Castilblanco. No obstante, según Fernández Vara son «varios» los inversores que están «esperando a que la puerta se abra».
La norma se tramitará como propuesta de ley para acortar los plazos parlamentarios, ya que un proyecto de ley se demoraría al menos 12 meses y los promotores necesitan una respuesta a lo largo de este año, según dijo el presidente. Después de que los socialistas registraran ayer la propuesta en la Cámara autonómica, se pedirá el informe preceptivo al Consejo de Estado, que es una de las condiciones que ya ha puesto el PP para dejar pasar la ley. En el plazo de un mes podría celebrarse el debate de totalidad y una vez superado este, el texto seguiría su tramitación ordinaria en comisión como una ley más a la espera de recibir las aportaciones de los grupos. Se estima que esté aprobada de forma definitiva antes del verano.
El texto afectará a los proyectos relacionados con actividades de ocio, deportivas, recreativas, turísticas, residenciales, de juego o comerciales destinadas al público internacional de ocio familiar. Contemplará una serie de ventajas burocráticas y beneficios fiscales para los que cumplan los requisitos exigidos: una inversión mínima de mil millones de euros, la creación de al menos 2.000 puestos de trabajo, 3.000 plazas hoteleras y una superficie mínima de mil hectáreas de las que al menos el 10% deben dedicarse a la conservación de la flora y fauna autóctona. El parque se deberá construir en un plazo máximo de cinco años y abrir sus puertas en seis meses tras el fin de las obras.
La Administración, por su parte, ofrecerá «un proceso de respuesta administrativa basado en la celeridad, aunque sin menoscabo de la seguridad jurídica».
