La ayuda que contemplará la Ley de Renta Mínima de Extremadura, que regulará la prestación económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas o unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social que residan en la región, se situará en 420 euros.

El borrador de la norma se ha enviado a los agentes sociales y económicos y deberá ser estudiada en las mesas del diálogo social antes de su previsible aprobación por el Ejecutivo autonómico antes del próximo 30 de noviembre y, posteriormente, en la Asamblea, según lo avanza la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, que aclara que el objetivo de la ley es, además de conceder ayudas a personas que lo necesiten y cumplan una serie de requisitos, incentivar el acceso al empleo.

En cuanto a las condiciones de acceso a las subvenciones que contemplará la Ley de Renta Mínima de Extremadura, Lucio explica que serán "prácticamente las mismas" que las existentes actualmente para las Ayudas de Emergencia Social, de tal forma que se dirigirán a personas que no tengan ingresos superiores al 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Esta ayuda, que será reconocida como "un derecho", será además la última subvención a la que los posibles beneficiarios podrán recurrir si no existe ninguna otra prestación o subsidio que provenga del sistema de empleo.

Así, añade que el objetivo de la Junta es "dar oportunidades, colocar a las personas (beneficiarias) los primeros en la fila de las posibilidades de empleo público y en los cursos y formación para darles oportunidades de acceso al empleo".

Por otra parte, la consejera explica también que ya existe un borrador de Ley de Responsabilidad Social Empresarial, que pasará a ser debatida dentro del diálogo social una vez que sea aprobado en la Asamblea el Pacto Social y Político del que forma parte.

En su opinión, el borrador de la ley contempla para las empresas que quieran acceder a ser reconocidas como socialmente responsable una distinción por dicho motivo, así como posibles distintas medidas de apoyo como beneficios fiscales en el tramo autonómico del IRPF o de cara a la contratación pública.

En cualquier caso, Lucio apunta que estos aspectos están aún por negociar con empresas y sindicatos, antes de su aprobación por parte del Gobierno autonómico, prevista para antes del 31 de mayo próximo.

Además, como plazos previstos, la consejera recuerda que el Gobierno autonómico se plantea aprobar antes del próximo 30 de septiembre la Ley de Igualdad y antes del próximo 31 de octubre la Ley de Ordenación de las Políticas Activas de Empleo.

Finalmente, y como medida para combatir la economía sumergida, apunta que durante este año continuarán intensificándose en la región las inspecciones que actualmente ya se vienen realizando.