La Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo echa a andar con el reto de convertir al sector en el motor del desarrollo económico y social de la región. Un objetivo complicado si se tiene en cuenta que el número de visitantes descendió un 5% en 2010, --a falta de conocer el dato de diciembre-- hasta situarse en un 1.085.020 turistas frente al 1.141.748 que nos visitaron en 2009. El texto, aprobado ayer por unanimidad en el seno de la Asamblea de Extremadura, modifica la ley de turismo de 1997 y se adapta a la directiva europea del 2006. Enmarcada en el Pacto Social y Político de Reformas, esta ley busca adaptar el turismo a la realidad de la región. Para ello, apuesta por un turismo basado en la conjunción de la naturaleza y el patrimonio cultural, bajo el paragüas de la accesibilidad y la calidad del servicio.

Simplificar los trámites administrativos para fomentar la implantación de empresas turísticas, el respeto por valores ecológicos o la creación de un Observatorio del Turismo son algunas de las claves de esta ley. Una norma que pretende regular un sector de primer orden dentro de la economía regional y que permitirá cohesionar el territorio, según destacó el diputado socialista, Alfredo Escribano.

Desde el PP, la diputada María Josefa Valadés señaló que la normativa "llega tarde, a puerta cerrada, sin la participación del sector y a remolque de la directiva europea". De las 18 enmiendas registradas por los populares, tan solo fueron aceptadas parcialmente tres. En el contenido global de estas enmiendas solicitaban un plan turístico de la comunidad, la ordenación territorial mediante la elaboración de un inventario de los recursos turísticos de la comunidad o la inclusión de Extremadura dentro de la Marca España. Para Valadés, es una "ley ambigua que plantea un sinfín de interrogantes" como el estar supeditada a la evolución de la economía, concretando su financiación en futuras partidas.

Escribano, por su parte, expuso las razones por las que su grupo ha rechazado la mayoría de las enmiendas. Algunas ya se ven reflejadas a lo largo de todo el texto; mientras que otras van a ser objeto de desarrollo en el reglamento que se elaborará tras su aprobación, precisó. En concreto, indicó que la inclusión de Extremadura en la marca nacional le compete al Estado.