El proceso de liquidación de la sociedad cooperativa Caval, de Valdelacalzada (Badajoz), en concurso de acreedores desde 2011 por una deuda superior a los 25 millones de euros, está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
El motivo de este recurso de casación, presentado en junio por la administración concursal y al que se ha adherido la cooperativa, es que consideran que las operaciones de refinanciación que se formalizaron con los bancos en 2010 eran contrarias a la ley y se hicieron en perjuicio de la sociedad hortofrutícola. Las quince entidades bancarias que respaldaron la refinanciación de Caval suscribieron una hipoteca de 15.925.000 euros, aunque el plan para reflotar la cooperativa alcanzaba los 18 millones.
El abogado de la cooperativa en el proceso mercantil, Pedro Antonio Pérez, indicó ayer que en primera instancia se condenó a los bancos a rescindir la hipoteca. El Juzgado de lo Mercantil número uno de Badajoz falló contra los bancos por entender que cuando se suscribió la hipoteca eran conocedores de la situación de insolvencia, según la sentencia, y con la operación conseguían una posición de preferencia sobre otros acreedores.
Además, condenó a las entidades a hacerse cargo de los gastos que se generaron en su firma y cancelación, y a abonar 327.500 euros retirados de la cuenta de la sociedad y las costas. Sin embargo, los bancos recurrieron y la Audiencia Provincial determinó que la hipoteca era correcta y dio la vuelta a la sentencia anterior, apuntó el abogado.
Esta sentencia supone que los bancos tiene preferencia sobre el resto de acreedores y pueden pedir la ejecución de la hipoteca y vender al mejor postor para poder cobrar, según Pérez, del bufete Moreana de Sevilla. A la espera del fallo, no se puede liquidar la sociedad ni vender sus instalaciones, arrendadas hace dos años a Explum, una nueva cooperativa que nació en Valdelacalzada con muchos de los socios de la antigua Caval. El letrado indicó que con el recurso esperan recuperar al menos el dinero que los bancos retiraron de la cuenta de la cooperativa.
Lo que no interfiere en la fase de liquidación es el recurso o recursos que se hayan podido presentar contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Badajoz que impuso al gerente de la sociedad, Manuel García, una inhabilitación de diez años como administrador.
De forma paralela se ha desarrollado el proceso penal, pendiente de señalización de la fecha de la vista oral. El juicio podría celebrarse a primeros de 2015, según la abogada de la acusación particular, Rosalía Perera.
