Tres años lleva Emilio González acudiendo cada día, a las 8 de la mañana, a su puesto de trabajo, cumpliendo su jornada laboral y marchándose a casa siempre con la misma pregunta: "¿por qué mis superiores no me asignan funciones y permiten que cobre del Estado, del dinero de todos los contribuyentes, por no hacer nada de nada?". Técnico superior en electricidad, este vecino de 38 años de Casas de Don Pedro (Badajoz) se ha cansado de su situación laboral en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), donde se siente ninguneado, despreciado y presionado por sus jefes y algunos compañeros.

Todo comenzó en el 2007. Hasta entonces Emilio había conseguido afianzarse en una plaza interina de la CHG --organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente-- como técnico de mantenimiento y oficios eléctricos en el Canal de Lobón. "Hasta ese momento todo iba más o menos bien, sin problemas con mis superiores ni mis compañeros, y con un buen ambiente de trabajo --explica--. Los problemas empiezan cuando me comentan que hay una plaza como técnico en hidráulica en Logrosán, también interina, pero en este caso hasta que se cubra, por lo que se convierte prácticamente en fija". El se presenta a la convocatoria pese a que el salario es inferior al que percibía en el Canal de Lobón. Sin embargo, esa plaza como jefe de equipo le permitiría trabajar más cerca de su pueblo --de los embalses de Logrosán a Casas de Don Pedro hay unos 50 kilómetros-- y además podría optar a la adjudicación de una vivienda junto al embalse y a un coche de la empresa. Realiza el examen y se hace con el puesto.

El día que debe incorporarse a su nueva ocupación --según relata--, se persona en las oficinas de la confederación en Don Benito para hablar con el jefe de área de la zona, Gonzalo Soubrier. "Me dice que mi puesto sería el azud de Ruecas. Yo no tenía ni idea de lo que era, así que me monté en un coche con un señor, Franciso Rigote, y visitamos las presas de Logrosán". Cuando llegan al azud --presas de tamaño muy pequeño--, le repiten que ese es su destino, le dan las llaves y, cuando pregunta cuáles son sus funciones, "me responden con rodeos". "Al día siguiente voy a trabajar, y durante un día y otro, y así sucesivamente, estoy allí sin hacer absolutamente nada", explica Emilio.

Ni vivienda ni coche

Con el trascurso del tiempo, va teniendo conocimiento de que todos sus compañeros de la zona de Logrosán o tienen vivienda o coche de la confederación. Además, están destinados en presas mucho mayores que el azud de Ruecas, pese a que son ayudantes de mantenimiento y oficios, mientras que él es técnico superior y el supuesto jefe de equipo. Cree que las que deberían ser sus funciones --encargado de las presas de zona-- las realiza realmente un vigilante de obras públicas, Francisco Rigote. Trata de solucionar la situación con su jefe superior inmediato y le deniegan el acceso a viviendas que estaban libres y que "en estos tres años solo las he visto usar a modo de recreo". Solo consigue que le manden del azud a la presa de Ruecas, pero de nuevo "sin funciones"; por lo que trata de conseguir un traslado al Canal de Lobón, con el apoyo de su antiguo jefe. Tras esto, no solo no le conceden el cambio de destino si no que le devuelven al azud.

La reacción de Emilio es solicitar una inspección de la Seguridad Social, "alegando que el azud del Ruecas no estaba dentro de la normativa, no tenía servicios ni funciones y nunca hubo un puesto de trabajo allí. La inspección hizo un informe favorable a mí y decidí llevar el asunto a los tribunales, reclamando mi puesto y mis funciones en la presa". Explica este joven de Casas de Don Antonio que, antes del juicio, desde la CHG le mandaron un "parte diario de trabajo" con un listado de funciones. Entre ellas, según la copia que guarda, está verificar el funcionamiento del suministro eléctrico, el teléfono, la emisora y las luces, así como abrir y cerrar las puertas y cerciorarse de la limpieza de las oficinas.

El juez da la razón a Emilio y la confederación le restituye en la presa de Ruecas, "pero sin funciones de ningún tipo". Incluso aumenta su aislamiento: su llave codificada solo le permite el acceso a su oficina, mientras el resto de compañeros "e incluso las subcontratas tienen acceso a cualquier recinto". "En mi caso, me limito a entrar en un despacho, saco mi portátil e intento entretenerme a la espera de que termine mi jornada laboral. Viene a ser como una cárcel en medio de la nada, sin poder moverme ni hacer nada que corresponda a mi categoría profesional", subraya mientras reconoce sentirse totalmente humillado. "Y lo peor es que no sé los motivos. No creo que sea nada personal, porque ellos no me conocían hasta que conseguí la plaza".

Emilio está desesperado. No ha dejado la plaza porque necesita trabajar: tiene dos hijos y una pensión que pasar la pensión a su ex esposa. Está dispuesto incluso a recurrir al Defensor del Pueblo. Pero mientras encuentra una solución, sigue condenado a "trabajar para el Estado cobrando del contribuyente por no hacer absolutamente nada".