El pasado 3 de agosto, el BOE publicó el nuevo catálogo español de especies exóticas invasoras. En él se amplía a 186 el número de especímenes foráneos de fauna y flora. Sin embargo, esta ampliación se hace a costa de eliminar el listado de 264 plantas y animales que los anteriores responsables del ministerio habían considerado como especies con potencial invasor --la anterior modificación de la normativa era del 2011--. Solo 53 de ellas han pasado ahora al catálogo, con lo que quedan prohibidos su comercio, transporte y la suelta de nuevos ejemplares. Como contrapartida, se deja en manos de las comunidades autónomas la potestad para que determinen qué otras especies exóticas deberán ser combatidas para evitar que se expandan. En Extremadura, este listado propio podría estar finalizado a fines del año próximo.

Críticas ecologistas

Las organizaciones ecologistas consideran que la decisión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de que las autonomías decidan sobre las especies con potencial invasor dificultará el desarrollo de campañas globales de erradicación. "¿Qué ocurre si en Extremadura se considera una especie que está en el Guadiana como invasora, pero en Castilla-La Mancha se cataloga como deportiva? El siluro, por ejemplo, no entiende de estos problemas", afirma Juan Carlos Giraldo, de Ecologistas en Acción.

"Se han lavado las manos, el problema se lo dejan a las comunidades autónomas. Esto debería ser legislación básica del Estado, como sucede con las especies protegidas", critica Pedro Brufao, miembro de la junta directiva de Ríos con Vida, que también argumenta que "por su mayor cercanía a ellos, es más fácil que los gobiernos regionales se dejen llevar por los intereses de los grupos de presión", como pueden ser industrias peleteras o piscifactorías.

Entre las ausencias en las que se ha hecho más hincapié está la de la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss ), que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha incluido entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo y que ahora queda a expensas de lo que decida cada comunidad autónoma. Un indulto que habían solicitado repetidamente pescadores y piscifactorías. "Han incluido especies que no tendrían que estar y dejado fuera otras que sí deberían", lamenta Brufao.

María Jesús Palacios, jefa de sección de Vida Silvestre de la Junta, cree, por contra, que no tiene por qué haber problemas de coordinación entre autonomías. "Hay un grupo de trabajo nacional que depende del ministerio, en el que participa este junto a las comunidades autónomas. Si una región tuviese un problema, otras comunidades limítrofes estarían obligadas a trabajar también en él", arguye Palacios, que cita además la red de alerta cuya creación contempla el mismo decreto y que implica también la colaboración entre regiones.