Lusográfica recibió el mismo trato que cualquier otra empresa de Olivenza, como Confecciones Técnicas Extremeñas, Ebanistería Píriz. Oliventinas de Estructuras y Ferrallas o Almacenes Delgado. Este es el principal argumento del PSOE para rechazar una comisión de investigación solicitada por el PP para aclarar los que consideran un caso de "trato de favor" a una empresa que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, después de haber recibido 13 millones de euros en subvenciones, y de hacerse con una parcela de 65.000 metros cuadrados que salió a concurso por una peseta.

El portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Sánchez Amor, se vio ayer "obligado" a hablar por primera vez sobre este asunto, rompiendo un silencio que según dijo se había mantenido hasta ahora por "prudencia" y para no "abrir en canal" a una empresa que busca un comprador para hacerse cargo de su actividad y de sus 47 empleados.

Argumentó que el pliego de condiciones para la compra del suelo fue también aprobado por el PP en el ayuntamiento, atendiendo a un acuerdo entre ambos con el fin de ofrecer condiciones ventajosas a las empresas que quieran invertir en el municipio. Sobre la eliminación de una cláusula resolutoria por la que el ayuntamiento renunciaba a la posibilidad de recuperar los terrenos, comentó que en el caso de Lusográfica se pospuso al igual que se hizo para el resto de las empresas. Además, comentó que en el caso concreto de la imprenta, se produjo para que la empresa pudiera ceder al ayuntamiento 600 metros cuadrados que éste le había solicitado de su parcela. "Si usted tiene alguna duda legal lo que tienen que hacer sus concejales es recurrirlo en los tribunales, pero hacer una comisión de investigación es matar moscas a cañonazos".

Ayer se conoció un nuevo dato acerca del embargo de la empresa que el presidente de la Junta comentó días atrás, y sobre el que el PP había solicitado más información. Así, el pasado mes de septiembre, según Sánchez Amor, la Sofiex, que posee el 42% en la empresa, interpuso en un juzgado de Mérida una demanda, que ha llevado a un embargo de terrenos, cuentas y maquinaria. Por tanto, esto ocurrió antes incluso del encierro de los trabajadores que encendió la polémica sobre este asunto, y de lo que no se informó, según dijo, para tratar de mantener la actividad de la fábrica.