La futura ley para la creación de una empresa pública que gestione infraestructuras, suelo y vivienda en Extremadura pasó ayer su primer trámite parlamentario al rechazar el Grupo Parlamentario Socialistas las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP e IU, que, aunque apoyan la creación de la empresa, consideran que debía haberse esperado a tener un informe al respecto del Consejo Económico y Social, y advirtieron de la "inseguridad jurídica" del proyecto de ley elaborado por Fomento.
La consejera de Fomento, María Antonia Trujillo, defendió la importancia de este proyecto legislativo, asegurando que esta nueva empresa pública será un instrumento fundamental para el desarrollo del Plan de Vivienda 2004-2007, que contempla construir 8.000 viviendas de menos de 60.000 euros en las principales ciudades de la región (3.000 en Badajoz, 1.500 en Cáceres, 1.000 en Mérida, 1.000 en Plasencia, 500 en Villanueva, y otras tantas en Don Benito y Almendralejo).
Además, justificó la titular de este departamento, la empresa, que se denominará Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura, permitirá operar con garantías legales en el mercado del suelo para buscar terreno, urbanizarlo y ofrecérselo a los promotores y constructores "para que hagan viviendas protegidas".
PISOS PROTEGIDOS En este sentido, reiteró que Extremadura es la región con los precios de la vivienda más bajos de España, y destacó que "cada día se construyen en Extremadura más de quince viviendas de protección, y de cada cien viviendas que se hacen, más de treinta y cinco tienen algún tipo de ayuda, frente a las 7 de media en España".
Sin embargo, el portavoz del PP, Javier Casado, que como muchos de sus compañeros lucía una pegatina de rechazo a ETA, denunció la "inseguridad jurídica que tiene el proyecto", ya que "tiene que someterse a la ley de contratos de las administraciones públicas", y echó en falta un informe del Consejo Económico y Social.
Estos mismos argumentos fueron defendidos por el diputado de IU Cristobal Guerrero.
