Conflicto a las puertas de la Asamblea. El presidente del Parlamento, Fernando Manzano, ha vetado el acceso a la Cámara autonómica a siete de los 20 activistas de la Plataforma por la Renta Básica y el Campamento Dignidad de Mérida que el pasado lunes irrumpieron en el acto del Día del Pueblo Gitano. La prohibición, que se sustenta en el Reglamento de la Asamblea y la recomendación de la Policía Nacional, obligó a que las reuniones que los diputados del PSOE e IU tenían previsto mantener con los miembros del colectivo se celebraran en la calle y bajo la vigilancia de los agentes. Manzano ha citado hoy a los manifestantes para tratar el asunto.
El presidente explicó ayer en Badajoz que prohíbe temporalmente la entrada a la Asamblea a estos siete activistas después de haber sido identificados por la Policía Nacional dentro del grupo que irrumpió en el acto institucional del Día del Pueblo Gitano exigiendo una reunión con los representantes del Gobierno regional para hablar sobre la renta básica y la paralización de los desahucios. Según Manzano, los manifestantes "insultaron gravemente a los representantes del pueblo extremeño dentro de la casa de todos los extremeños" y por ello ha tomado la decisión de prohibirles la entrada a todos los recintos parlamentarios --incluida la sede y los despachos de los tres grupos políticos-- y poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, informa A. M. Romasanta.
El letrado mayor de la Cámara, Javier Cirieros, confirmó después a este diario que el veto se fundamenta en el Artículo 42 del Reglamento de la Asamblea, que delega en el presidente el mantenimiento del orden en la Cámara, y que se ha decretado siguiendo la recomendación de la Policía Nacional de aumentar la seguridad después de que Manzano haya informado de lo ocurrido por escrito y con imágenes al comisario de la capital autonómica, responsable directo de la seguridad del Parlamento. La prohibición, explica Cirieros, se extenderá hasta que se determine si los manifestantes han cometido algún delito al "abusar de la confianza de la Cámara y tratar de reventar el acto institucional". Explica no obstante, que como cualquier acta administrativa, se puede recurrir presentando un recurso de alzada por escrito a la Mesa de la Cámara y también por la vía judicial.
EN LA CALLE Al no permitir los servicios de seguridad el acceso a los activistas a la Asamblea, las reuniones que la Plataforma por la Renta Básica tenía previsto mantener con los diputados de IU y el PSOE para abordar cuestiones de la ley que llega hoy a pleno, tuvieron que celebrarse en una de las calles aledañas al Parlamento y bajo la vigilancia de al menos una veintena de policías. Además, el edil de IU en Badajoz y expresidente del Consejo de Administración de la Cexma, Manuel Sosa, tampoco pudo asistir como público a la comisión parlamentaria sobre el ente público. Tanto el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Fernández Vara, como el de IU, Pedro Escobar, mostraron su rechazo al veto de Manzano y señalaron que aunque amparada en el reglamento, se trata de una medida excesiva e injusta. Sosa ha explicado que la Asamblea le remitió un burofax el martes por la tarde en el que se le comunicaba que no podría asistir a la comisión por falta de aforo, lo que el edil achaca al miedo del PP a que cuente todo lo que sabe sobre la gestión de Canal Extremadura.
La comunicación también se extendió a otros compañeros como Margarita González-Jubete (que ya ha anunciado que recurrirá el veto) o Arístides García, y también a miembros de la Plataforma por la Renta Básica y el Campamento Dignidad de Mérida. "Han actuado como auténticos caciques, pero no vamos a cesar en nuestro empeño de señalarles con el dedo porque no están trabajando bien. Son los responsables y vamos a exigirles lo que Extremadura se merece", declaró a las puertas de la Asamblea Marisa Prudencio, portavoz de la Plataforma por la Renta Básica.
"Es inaudito que se le impida a un diputado reunirse con quien estime oportuno para mantener una entrevista absolutamente normal y pacífica", manifestó Vara tras conocer que los activistas no podían entrar en su despacho. El socialista criticó que desde el Parlamento no se le haya dado ninguna explicación de lo ocurrido y señaló que se está privando a los diputados de ejercer aquello para lo han sido elegidos. "El principio de participación en democracia solo se puede limitar por causas muy justificadas y absolutamente excepcionales, no porque haya habido voces en un acto", criticó.
En la misma línea, el portavoz de IU, Pedro Escobar, ha considerado "un gravísimo error" la decisión de Manzano, que a su juicio se ha extralimitado al interpretar de forma "excesiva y abusiva" las competencias que le otorga el reglamento. Víctor Casco, que pidió explicaciones a Cirieros, ha criticado que sea el presidente y no los partidos quien decida la agenda de los grupos parlamentarios.
Finalmente, Manzano ha citado hoy a los representantes de la Plataforma a una reunión en la que les solicitará "civismo y respeto mutuo entre instituciones y personas" tras los hechos ocurridos en los últimos días.
