El Gobierno y los sindicatos mantuvieron ayer una maratoniana reunión, que se prolongó hasta altas horas de la noche, para negociar el futuro del subsidio agrario que actualmente perciben miles de agricultores de Extremadura y Andalucía. En la reunión, según explicaron diversas fuentes cercanas al Ejecutivo de José María Aznar, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, planteó la posibilidad de poner en marcha un nuevo Aepsa --antiguamente conocido como PER-- con importantes novedades.

El encuentro, que continuaba al cierre de esta edición tras más de tres horas, comenzó a las nueve de la noche y a él asistieron, además de Zaplana, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, José María Fidalgo. Según señalaron diversas fuentes, y tal y como adelantó El País , en esa reunión el titular de Trabajo podría haber propuesto un nuevo modelo de paro agrario.

NUEVO MODELO

La principal diferencia con el actual sistema, según publicaba este mismo diario, radica en que obligaría a que los beneficiarios de esta prestación se comprometiesen a buscar un empleo o a aceptar aquellos que les ofrezcan desde las oficinas del Inem mientras cobren el subsidio.

Como contraprestación, el Gobierno reabriría de forma inmediata las puertas del Aepsa --cerradas desde la aprobación de la reforma laboral-- para los jóvenes y las mujeres de Extremadura y Andalucía, lo que evitaría la desaparición del sistema a medio plazo.

El encuentro de anoche estaba considerado por todas las partes implicadas como la última oportunidad de alcanzar un acuerdo amistoso en torno al paro agrario, único punto del decretazo que el Gobierno no ha rectificado.

Fidalgo y Méndez se reunirán hoy en Mérida con los responsables de UGT y CCOO en Extremadura y Andalucía para analizar la propuesta de Zaplana y posteriormente anunciarán en rueda de prensa si la aceptan o si se recrudecen las movilizaciones con la convocatoria de una huelga general en el ámbito rural de las dos comunidades autónomas.

El Aepsa tiene una gran importancia para el mundo rural extremeño, especialmente si se tiene en cuenta que el 47,7% de los agricultores que se benefician de esta prestación vive en pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes.

Y es que este sistema distribuye cada año unos 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas) por los núcleos rurales de la región a razón de unos 343 euros (57.000 pesetas) por persona y mes. Al cierre del 2002 el 57% de los 28.700 perceptores extremeños de esta ayuda económica eran mujeres.