FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 1958, EN SANT GREGORI (GIRONA)

FORMACION ACADEMICA LICENCIADA EN MEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA.

TRAYECTORIA POLITICA AFILIADA AL PSC EN 1996. DIPUTADA DESDE 1995. CONSEJERA DESDE EL 2004.

--¿En qué consiste su modelo federal para el sistema sanitario?

--Partimos de que ya hoy tenemos un modelo descentralizado, de gestión federal, pero le faltan dos elementos clave, que son el federalismo político, donde las comunidades autónomas tengan capacidad de codecisión con el ministerio, y un federalismo financiero, con más posibilidades de financiar mejor el sistema.

--¿Cómo se articularía ese federalismo financiero?

--Es una cuestión a debatir, y podría verse con el Estado si impuestos como los del tabaco o el alcohol podrían ir directamente a la sanidad.

--¿Se trataría de que cada comunidad recibiese lo que se generase por esos impuestos en su territorio?

--Todo está abierto: pasar una mayor participación a las comunidades, darle capacidad para subirlos, como hizo Cataluña con los hidrocarburos... Son cuestiones que en todo caso tienen que llevar un aumento de ingresos para la sanidad, además consolidados, no para un año. Otro elemento que necesita un pacto de Estado es cómo vamos a cambiar las prioridades para ser más eficientes, hacer un uso más racional de los medicamentos y la tecnología. El tercer elemento de pacto es el de la demanda, reordenándola con los ciudadanos, y decir cuáles son las prestaciones esenciales que se van a financiar, gratuitas en el momento de su prestación, y cuáles son las no esenciales y las comunidades decidirían cómo ejercer sus competencias con fórmulas de copago o no.

--¿A qué se refiere cuando habla de reordenar la demanda?

--Es un elemento clave, y se está planteando cómo podemos resolver mejor en la Atención Primaria y también utilizando las nuevas tecnologías, para ser más resolutivos en la entrada. Además, hay muchas urgencias que no tendrían que ir al hospital, pero eso tiene que ver también con la seguridad que genera el propio sistema. Hay un cambio cultural que hay que abordar con el ciudadano. En países como Suecia, si alguien va al hospital sin pasar por el centro de salud, paga. Aquí no sería así, pero sí saber que si se masifican las urgencias, cuando hay un caso grave no se puede prestar la asistencia debida.

--Volviendo a la financiación, ¿cómo se explica que si alguien quiere más recursos no será a costa de mermar los de otra comunidad?

--Creo que debemos garantizar que nadie pierda. Por ejemplo, si se aumenta el precio del tabaco y el alcohol, y se cede un tramo mayor a las comunidades, todo el mundo saldría ganando. Podría haber también factores de corrección, como el de la población, porque a mayor población más gasto, a la vez que se da más peso a la gente mayor. Este es el debate, que todo el mundo tenga la sensación de que nadie pierde. Nuestra propuesta no es una propuesta para Cataluña, sino para llevar a la conferencia de presidentes, y nadie puede perder porque todas las comunidades necesitan más recursos.

--¿No habría que empezar por recortar el gasto en medicamentos?

--Ya se está planteando. Por supuesto no se puede gastar un tercio del presupuesto sanitario en farmacia, porque recorta otras prestaciones. Somos el Estado que más gasta en financiación pública de los medicamentos, no en medicamentos. Hay que cambiar esta política y saber hacia dónde vamos. El gasto no puede subir más de un 6%.

--¿La solución podría venir de mayor copago?

--Somos uno de los países europeos con menor copago. Sin embargo, antes de plantear un cambio habría que partir de que cualquier copago debe llevar a una mayor equidad de acceso. El sistema actual no es del todo justo. Nadie por razones económicas puede ver limitado su acceso. Creemos que sí, que en un futuro habría que revisar por razones de justicia elementos de aportaciones directas del ciudadano, a medicamentos y a otras cuestiones. Lo más equitativo es que cada cuál pague según sus ingresos. Además, habría que homogeneizar, ya a nivel europeo, una cartera de servicios con precios acordados de cada comunidad y cada Estado.