Más de un centenar de fiscales de toda España debatirán durante dos días --el viernes y el sábado-- en Cáceres sobre temas de plena actualidad e interés social, como el aborto y la eutanasia, la intolerancia xenófoba y homófoba, y la exclusión social y la discapacidad.

Son estos algunos de los asuntos que se abordarán en el XIII Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en el que están inscritos 165 participantes, y a cuya clausura está prevista la asistencia del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

El congreso, organizado con el título Frente a la intolerancia y la exclusión social , fue presentado ayer por el fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, quien destacó el compromiso del cuerpo de fiscales con los problemas sociales, motivo por el que, dijo, siempre elige para sus congresos temáticas que estén afectando a la ciudadanía o que les pudiera afectar en un futuro. Por ello, en esta edición se tratarán, por ejemplo, los procesos abiertos contra algunas clínicas abortistas, y la sedación de pacientes terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Cuatro son las mesas redondas programadas, que abrirán una sobre la ley de Retribuciones y el estatuto del Ministerio Fiscal, y en las que se abordarán, además de los ya citados temas de aborto y eutanasia, la intolerancia hacia los homosexuales y personas de diferentes razas y culturas, y la exclusión social y discapacidad.

El objetivo, además de debatir sobre estas realidades, es"llegar a unas conclusiones que nos sean útiles tanto para nuestra vida personal como profesional", indicó ayer Aurelio Blanco, quien señaló asimismo que en el congreso intervendrán varios fiscales del Tribunal Supremo y fiscales superiores de diversas Comunidades Autónomas.

En el acto de clausura, que presidirán el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado, se entregará el premio Jesús Vicente Chamorro , constituido para galardonar a personas que se han caracterizado por la defensa de los intereses sociales y la justicia, y que en la edición de año se concede al sacerdote madrileño Enrique de Castro, que ha desarrollado su labor en defensa de los menores y de los colectivos más desfavorecidos. Nacido en 1943 y conocido por sus polémicas declaraciones acerca de la Iglesia, como cuando dijo que en el Evangelio no hay ninguna línea donde diga que los homosexuales no se puedan casar, lleva 35 años ejerciendo su labor pastoral en la parroquia de Pozo del Tío Raimundo, en Madrid.