Una de las novedades que trajo la bautizada como Ley Mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana) fue considerar una infracción grave la tenencia o el consumo de estupefacientes -aunque no estén destinados al tráfico- en la vía pública. O lo que es lo mismo, fumar o portar cannabis en la calle supone ahora mismo una multa de entre 600 y 10.000 euros. Aunque si la persona expedientada todavía no ha cumplido los 18, tiene la posibilidad de esquivar esta cuantía económica a cambio de aceptar un programa de intervención educativa y de prevención.
En Extremadura, a lo largo del pasado año, a 215 menores se les abrió expediente por esta causa. Fue el número total de derivados desde la subdelegación del Gobierno a la secretaría técnica de Drogodependencia del SES (Servicio Extremeño de Salud).
De los sancionados, 194 fueron chicos y 21 chicas. Asimismo, 159 residían en la provincia de Badajoz y 56 en la de Cáceres.
PROGRAMA PANDORA / Desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales ponen el foco en la existencia del programa Pandora. Es la fórmula para suspender las sanciones si el infractor (menor de edad) «se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado», detallan.
Y añaden: «La iniciativa de llevar a cabo esta acción educativa de prevención surge a raíz de una gran preocupación detectada tanto desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las instituciones públicas, así como de los padres y educadores, por el hecho de que los jóvenes cada vez comienzan a consumir cannabis a edades más tempranas mientras que la percepción de riesgo hacia su consumo es muy baja».
El año pasado realizaron el Pandora 95 menores (86 chicos y 9 chicas), lo que significa menos de la mitad de los que fueron multados. «El resto, o bien prefirieron sus familias pagar la sanción, o eligieron asistir al Cedex (centro de drogodependencia) correspondiente a su municipio para hacer deshabituación y tratamiento, o es la tercera vez que son derivados a la secretaria técnica de Drogodependencias y ya no pueden realizar un nuevo programa, ya que lo máximo establecido son dos», indican desde Sanidad y Políticas Sociales.
También apuntan que el programa Pandora (en el que trabajan conjuntamente la delegación de Gobierno, la secretaría técnica de Drogodependencias del SES y el Instituto de la Juventud de Extremadura) existe porque «la ley tiene un fin resocializador y no exclusivamente retributivo de la sanción».
El objetivo de ser una alternativa a esa sanción económica de hasta 10.000 euros reside, aseguran, en la confianza en que el proyecto sirva para prevenir conductas adictivas.
