La enfermedad de su madre se agravó hace un par de años y ella dejó su trabajo --con condiciones precarias-- para atenderla. Los cuidados le exigían una continuidad de, a veces, casi 24 horas, de manera que tuvo que mudarse al pueblo, situado en la provincia de Badajoz y de apenas mil habitantes, para poder atenderla. Si la situación hubiera ocurrido antes de 2013, esta 'cuidadora no profesional' habría podido convertir su nueva tarea en un puesto de trabajo con cotización incluida, pero los recortes sociales han acabado con determinados derechos adquiridos que tenían como objetivo facilitar la vida tanto de las personas dependientes como de sus familiares. Lo explica María José Ladera, secretaria de Igualdad, Política Social y Salud Laboral de UGT: "Hasta el año 2012 existía un convenio especial con la Seguridad Social a través del cual estos familiares que debían convertirse en cuidadores a la fuerza recibían ayuda económica y además era el propio Gobierno quien los daba de alta y pagaba su cotización para así propiciar la creación de nuevos empleos. Pero ese derecho desapareció el 1 de enero de 2013, por lo que la gran mayoría de éstos han dejado de estar afiliados a la Seguridad Social".
Es uno de los hachazos que ha sufrido la Ley de Dependencia, que ahora cumple una década, desde su creación. "Y además es un retroceso que repercute directamente en la mujer, porque la mayoría de quienes cuidan a personas dependientes son ellas, de modo que se incrementa aún más la brecha de género. Al fin y al cabo, éstas se convierten en auxiliares al margen de la ley", apunta Ladera.
El caso de esta hija (que prefiere permanecer en el anonimato) que tuvo que irse a cuidar a su madre (que sufre Alzheimer) es sólo un ejemplo más de situaciones similares que se dan en Extremadura, "y que se notan especialmente en los pueblos".
Pero además, es manera de engordar la economía sumergida que existe en este sector y que aflora especialmente cuando se da la otra situación: el cuidado corre a cargo de personal externo cualificado. "El 'empresario' que contrata --por entre 300 y 500 euros al mes de media-- es una persona bastante mayor que no da de alta a su asistente y los hijos tampoco se encargan de hacerlo principalmente porque es un sobrecoste", subraya Teodoro Casares, secretario general de Empleo de UGT.
De este modo, ambos representantes sindicales coinciden en que, aunque no disponen de datos concretos porque no han sido desglosados, la experiencia dice que --al igual que ocurre con las empleadas de hogar-- más de la mitad de los cuidadores de personas dependientes en Extremadura cobran en negro. De manera que si uno de los vértices de la Ley de Dependencia era la creación de empleo, en nuestra comunidad no ha ocurrido así", afirma Casares. "Son actividades que se desarrollan en domicilios particulares, por lo que el control es mucho más complicado", agrega Ladera. Y añade: "Es cierto que en los últimos cuatro años en nuestra región se han concedido más ayudas a la dependencia, pero la realidad también nos dice que esto no ha ido de la mano de la creación de empleos que tengan repercusión en la Seguridad Social. El sector de la dependencia sigue siendo un nicho de economía sumergida".
