El pleno de la Asamblea aprobó ayer con el apoyo del PSOE y Ciudadanos (Cs) la modificación de la Ley del Estatuto de los Consumidores que Podemos había impulsado al entender necesaria una actualización del texto, que data del año 2001. El PP votó en contra por considerar que la propuesta de la formación morada es «un batiburrillo con visos de inconstitucionalidad».
El objetivo de la reforma es reforzar la protección y defensa de los consumidores ante la aparición de nuevas prácticas comerciales abusivas y «de acoso» por parte de las grandes empresas, por ejemplo a la hora de hacer ofertas no deseadas y reiteradas por teléfono o correo electrónico. Compañías de suministro eléctrico y de gas, agencias de viajes u operadores de telefonía son algunas de las que se citan en el texto. Además, la norma busca aumentar el protagonismo y presencia de las asociaciones de consumidores a la hora de legislar, prohibir la venta de deuda bancaria de un cliente sin su consentimiento o eliminar los números de teléfono de pago para reclamaciones.
La aprobación de la propuesta de ley se produjo después del debate de las 11 enmiendas presentadas por el PP, cuyo objetivo era «mejorar lo imposible», según explicó la diputada Magdalena Carmona. De estas, finalmente seis salieron adelante (en su mayoría de carácter técnico), lo que no impidió que el voto definitivo de los populares fuera negativo. A su juicio el texto que «nace muerto y con dudas razonables sobre su legalidad» porque afecta a la libertad de empresa o a cuestiones que exceden las competencias autonómicas.
Sin embargo, el diputado de Podemos Daniel Hierro defendió que precisamente uno los aspectos que esta modificación persigue es dar mayor protección a los consumidores y evitar los perjuicios de «la santa libertad de mercado, que más que libertad es libertinaje», informa Efe.
En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los grupos es en la necesidad de abordar una reforma integral y consensuada de la Ley del Estatuto de los Consumidores.
