Ciudadanos, farmacéuticos, órganos colegiales, distribuidoras, fabricantes y Administraciones públicas se enfrentan desde hoy a las consecuencias reales de la nueva ley que regula los precios de referencia de los medicamentos. Tras varias semanas de intercambio de acusaciones, análisis y advertencias, la medida ya está en la calle. La orden del Ministerio de Sanidad entró anoche en vigor y desde ese momento las farmacias dispensan más de 4.000 medicamentos a un precio un 20% más bajo de lo que costaban ayer mismo.

El consejero de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, se mostró ayer convencido de que no habrá problemas de suministro, como había denunciado la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Cáceres. Bajo su punto de vista las Administraciones han sido razonables al habilitar un periodo de 15 días para que los farmacéuticos puedan vender los medicamentos con precio antiguo que aún tienen almacenados. Además, señaló que existen principios activos bajo distintas fórmulas que pueden sustituir los productos que se agoten, recoge la Agencia EFE.

En esta misma línea se ha mostrado esta semana el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, que advirtió que el impacto de la normativa será "mínimo" y que, por contra, supondrá un ahorro de 15 millones de euros en gasto farmacéutico en Extremadura.

Incluso los titulares de algunas oficinas de farmacia de la región se han desmarcado de de la asociación empresarial del sector y se han mostrado confiados de que no habrá problemas de suministro porque ya han recibido productos con los nuevos precios y otros sin etiquetar. Sin embargo, el colectivo de empresarios advierte que esta rebaja puede suponer que la industria deje de vender medicamentos en España por falta de rentabilidad. Esto supondría, aseguran, problemas en el suministro al público e incluso el cierre de negocios en algunas zonas rurales.