La Dirección General de Medio Ambiente ha aceptado la propuesta de Iberdrola para trasladar unos 300 metros la central térmica de ciclo combinado proyectada en Alange y, de esta manera, respetar los dos kilómetros que según la ley deben separar la planta del municipio.
La resolución firmada por el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Quintana, el pasado 21 de marzo, acepta el recurso de alzada interpuesto por la eléctrica contra la anterior decisión de la Junta que rechazaba el proyecto por no respetar la distancia mínima que marca la actual legislación. La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, explica que en su recurso Iberdrola "aporta documentos en virtud de los cuales se corrige el requisito".
Sobre el hecho de que en realidad la empresa haya presentado un proyecto modificado a través de un recurso de alzada, la Junta señala que la empresa ha solicitado que este recurso sea considerado como "sustitutivo" de un un trámite previo de audiencia que nunca se llegó a celebrar. De esta forma, Iberdrola ha desplazado su proyecto unos 300 metros sobre el emplazamiento inicialmente previsto para poder cumplir uno de los requisitos innegociables del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
NUEVO ESCENARIO La Junta aclaró ayer que este nuevo escenario no supone que el proyecto haya sido aprobado, sino que "una vez cumplida la exigencia de la distancia mínima" se retomarán los estudios previos a la resolución de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Esta autorización corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente, aunque deberá incorporar los preceptos de la Declaración de Impacto Ambiental que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente.
La decisión del Ejecutivo extremeño fue calificada ayer de "tomadura de pelo" por la Plataforma Ciudadana Térmicas No, que dice que esta última resolución supone un claro incumplimiento de la ley de procedimiento administrativo. Esta norma "es muy clara y concisa al respecto, ya que entiende que sólo se puede estimar un recurso de alzada cuando la resolución es nula o anulable, supuesto que no se da en la resolución del director general de Medio Ambiente". Por eso, la plataforma cree que se trata de "un engaño", puesto que "estamos ante un nuevo proyecto que quieren camuflar en un expediente ya rechazado" para "no iniciar de nuevo las actuaciones, ya que eso les retrasaría enormemente".
