A punto de cumplirse una década desde la entrada en vigor de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica irrumpía esta semana la enésima polémica: el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, amenazaba en la presentación del presupuesto para el 2017 con excluir a las entidades con nombres franquistas de las subvenciones. En la provincia pacense hay dos localidades que en su topónimo aluden al dictador: Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo, ambos pueblos de colonización.
Paralelamente a esto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz decidía no admitir a trámite la petición del abogado madrileño Eduardo Ranz para que la localidad pacense de Guadiana del Caudillo cambie de nombre y retire la placa de inauguración ubicada en la fachada del Consistorio, aunque sí requería a la localidad elaborar un catálogo de vestigios del franquismo. Y en Cáceres, el pleno ordinario debatía una moción (aprobada con la única oposición el PP) presentada por CáceresTú (Podemos) para retirar del callejero los nombres que hagan referencia a personajes relacionados con la Guerra Civil y con el franquismo.
«Cuando se aprobó la ley se debía haber establecido un plazo máximo, de un año, por ejemplo, para que las corporaciones locales retiraran los símbolos franquistas de sus edificios o los nombres de las calles vinculados a este momento, pero no se hizo… y nueve o diez años después nos encontramos con que una ley de obligado cumplimiento para ciudadanos y poderes públicos no se cumple precisamente por parte de los poderes públicos», subraya José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (Armhex).
Califica el grado de cumplimiento de la ley en Extremadura en este tiempo como «limitado» especialmente a partir del 2012 con la llegada del PP al Gobierno Central. «Rajoy no ha derogado la ley, pero la ha vaciado de contenido en este tiempo», lamenta. Denuncia en ese sentido, que desde hace cuatro años está paralizada la convocatoria de las ayudas que contemplaba esta ley, considerada de utilidad social e interés público. El objetivo era que las asociaciones y agrupaciones de familiares pudieran llevar a cabo las acciones de restauración de la memoria contempladas y que el texto les atribuye.
Símbolos y calles
Los dos municipios pacenses no son una excepción en el mapa. La Asociación de la Memoria Histórica asegura que existen aún hoy símbolos o calles relacionadas con la guerra y el franquismo en toda Extremadura. Junto a esto hay además 180 fosas comunes y de ellas solo una pequeña parte han sido hasta ahora exhumadas. De hecho la asociación ha denunciado públicamente en varias ocasiones en los últimos años, que aún existen cientos de personas que fueron asesinadas y permanecen arrojadas desde entonces en cunetas, que ahora forman parte de los terrenos de fincas de titularidad privada.
El colectivo extremeño reprocha al Gobierno Central por la parálisis a la que ha abocado la ley, especialmente desde el inicio de la última legislatura en 2012, pero también al gobierno de Monago, al que responsabilizan de perder una subvención de 40.000 euros concedida en la última convocatoria estatal del año 2011 (aún con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) porque no se realizaron desde la Administración extremeña los trámites necesarios para poner en marcha el proyecto y recibirla.
El artículo 14.3 de la ley establece que para exhumar fosas situadas en terrenos privados se debe contar con autorización del propietario, aunque si este la deniega, la Administración competente puede iniciar un expediente de ocupación temporal forzosa para permitir los trabajos. Eso sucedió con la fosa situada en la finca Cuadrillas de Arriba (en Valencia de Alcántara) donde se estima que yacen los restos de 12 personas, entre ellas el alcalde republicano de la localidad, Amado Viera Amores, todos asesinados en septiembre de 1936. Los propietarios de la finca rechazaron la petición de la Armhex para excavar la fosa y esta, con la subvención ya concedida, se dirigió a la Junta de Extremadura para que iniciara el expediente de ocupación temporal forzosa. “Pero no se hizo nada, el tiempo pasó y tuvimos que devolver la subvención concedida”, denuncia Corbacho.
Insuficiente
La ley generó inicialmente expectativas e incluso dio sus primeros frutos antes de que se aprobara. Durante su tramitación, la asociación extremeña llevaba ya cinco años de trabajo y Corbacho recuerda que ya se avanzó bastante en la región en la retirada de símbolos franquistas, principalmente en entidades privadas. «Se creó una comisión y se avanzó mucho», recuerda el presidente de la Armhex. Pero quedó como asignatura pendiente la retirada de los símbolos de los edificios públicos. Y poco o nada se ha movido desde que se aprobó la norma. «Hay muchos pueblos aún con calles y símbolos franquistas», denuncia José Manuel Corbacho. Insiste en que el grado de cumplimiento de la ley es «insuficiente», y más aún teniendo en cuenta que cuando esta se aprobó, el colectivo ya había advertido de que el texto se quedaba corto.
«No solo eso, sino que además no se ajustaba a las normas internacionales, pero al menos había una ley», recuerda Corbacho de las primeras impresiones sobre esta ley. Sin embargo nueve años después «el resultado es bastante desalentador», añade, porque a las lagunas que presentaba la ley se unen las que han añadido la falta de desarrollo y seguimiento institucional en todo este tiempo; «que ni siquiera se haya cumplido de manera íntegra», insiste. Por eso ahora las esperanzas del colectivo están depositadas en el anunciado proyecto de ley de memoria histórica de Extremadura, del que confían que sirva para completar lo que la ley estatal y la falta de desarrollo han mantenido casi una década en el olvido.
