El Ayuntamiento de Mérida anunció ayer que denunciará por prevaricación al presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Javier Corominas, que el jueves acusó a los equipos de Gobierno de la capital autonómica y de Cáceres de incumplir la normativa vigente al "sobredimensionar" algunos planes urbanísticos.
Así lo hizo saber la portavoz del consistorio emeritense, Pilar Vargas, quien reiteró que el consistorio cumple "sobradamente" con el procentaje de viviendas de protección oficial que figuran en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y que se ofreció terreno gratuito a la Junta para hacer viviendas de 60.000 euros, "pero lo rechazaron". Además, recordó que el plan fue aprobado por unanimidad en el ayuntamiento, después por la Junta y que si sigue vigente es porque la Ley Territorial del Suelo lo permite.
El alcalde de Mérida, Pedro Acedo, aseguró que los planteamientos urbanísticos de la ciudad son "transparentes y claros".
CLAVE ELECTORALEl portavoz del gobierno municipal de Cáceres, Andrés Nevado, consideró que las afirmaciones de Corominas y sus acusaciones a dos ayuntamientos que están gobernados por el PP hay que interpretarlas en clave electoralista. "Se ha empezado a mover un poco hacia la raya que le interesa, que es la del partidismo", afirmó.
Nevado comentó que las declaraciones del presidente de la Agencia de la Vivienda han "sorprendido" al gobierno municipal porque se han mantenido unas relaciones institucionales que calificó de "exquisitas". Por ello valoró que estas acusaciones "responden un poco a la falta de lealtad institucional".
El portavoz añadió que la raya que se ha movido en Cáceres es "probablemente aquella que ha estado intentando diseñar el señor Corominas para cumplir el programa socialista, para hacer los proyectos de interés regional, que significan mover la raya bajo el antojo unilateral de la Agencia de la Vivienda".
