¿Por qué no se analiza o se pone el foco en otras personas? ¿Por qué se tiene que cuestionar lo que reivindicamos alegando que estaría manipulado?», expresa Pedro Calderón, presidente de Plena Inclusión Extremadura, ante las críticas que, sabe, suscita la petición que su entidad está llevando a cabo. Solicitan que las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo a las que se les ha retirado el derecho a voto puedan ahora recuperarlo. En la región hay 3.000 extremeños en estas circunstancias (1.800 en la provincia de Badajoz y 1.200 en la de Cáceres).
¿La razón? Tienen reconocida judicialmente una incapacidad, lo que implica que se les asigna un tutor legal y, en consecuencia, se les quita ese derecho de sufragio. «Pero hay otras personas también con discapacidad que al no tener reconocida esa situación, sí pueden votar, por eso lo que pedimos es igualdad, porque cada persona tiene sus peculiaridades, y es posible convertir el voto en accesible», expresa Pedro Calderón. «Yo soy padre de una mujer de 34 años y quiero su decisión también cuente», añade.
Por este motivo, Plena Inclusión Extremadura se unió a la manifestación celebrada el pasado miércoles ante el Tribunal Constitucional, en Madrid, organizada junto con el CERMI y Down España.
Pero la reivindicación viene de lejos. El departamento de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Extremadura ya trabajó intensamente el pasado año de cara a las elecciones de junio con el desarrollo de una campaña de sensibilización de la mano de las juntas electorales provinciales y los partidos políticos. Además, ha elaborado una guía de lectura fácil para poder votar y un informe que analiza la accesibilidad cognitiva en colegios electorales, el cual quieren hacen llegar al Defensor del Pueblo. «Porque el objetivo también es que, quien ejerce este derecho, cuente con herramientas que le ayuden a comprender mejor la importancia de su acto».
Antecedentes
El pasado mes de diciembre, la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, anunció que cambiaría la ley electoral para generalizar el voto entre las personas con discapacidad. Pero el Tribunal Constitucional frenó la iniciativa. «De manera que seguiremos peleando por los 100.000 españoles que se encuentran en estas circunstancias», subraya Calderón.
